Colombia una verdadera muestra del narcotráfico

El crecimiento de delitos vinculados al negocio de la droga en la Argentina enciende luces de alarma en las autoridades y la sociedad. Sin embargo, un recorrido por experiencias en el país cafetero demuestra que existe un enorme contraste: en Colombia la justicia está maniatada, vive bajo constante amenaza y los magistrados deben ocultar sus identidades, los llaman “los jueces sin rostro”.

Los casos de droga en la Argentina han generado un alerta social ante el avance de redes de narcotráfico. Y con justa razón, el tema conlleva una señal para estar con la guardia en alto. Con datos crecientes sobre delitos enmarcados en narcotráfico en la Argentina, la foto del país -con índices que preocupan- dista mucho de escenarios emblemáticos de esta problemática como es el caso de Colombia.

En el país vecino el tráfico de drogas recrudece día a día: se estima que este comercio mueve cerca de 18.000 millones de dólares. Las organizaciones narcos se fortalecen y expanden sus fronteras a otros países. La realidad de la Justicia colombiana frente al juzgamiento de los casos de drogas difiere a grandes rasgos del escenario en la Argentina. 

Los magistrados en Colombia están ocultos y viven bajo la amenaza constante de narcotraficantes que transitan con un poderoso manto de impunidad y que atentan contra sus vidas. 

“Usted en mi país no estaría hablando acá. Porque en mi país los jueces están sin rostro, detrás de un vidrio blindado, con una capucha y un número para identificarlos. Son jueces sin rostro, justamente porque en mi país a los jueces los matamos”; este escalofriante relato fue contado a Crónica por el juez local en lo penal económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova, reconocido por su amplia trayectoria en el juzgamiento de mega casos de narcotráfico en la Argentina.

“En el 2000 Estados Unidos puso más de u$s2.000 millones en Colombia. Esto dio algunos resultados, no por el total exterminio de esas organizaciones criminales, pero sí por el desplazamiento, y esta gente busca refugio en lugares más permeables, con legislaciones más laxas”, explicó De la Cárcova.

Lo cierto es que en Colombia -contrario a lo que se intenta reflejar- los carteles se expanden y los jueces se ven obligados a esconderse para defender su vida. Lejos de esto, en la Argentina -si bien se comenzó a hablar de la instalación de grupos colombianos que podrían ingresar al país buscando vías alternativas para el paso de la droga- la realidad es otra y la justicia local busca vías para fortalecer las investigaciones de contrabando de estupefacientes.

Abuelos narcos

Que Colombia es el mayor proveedor de cocaína del mundo no es un secreto a voces. En los últimos años los artificios para sacar la mercadería fuera del país traspasan las barreras y las posibilidades de las fuerzas policiales que se ven desbordadas ante los carteles. Sumado a esto, una Justicia que muestra miedo, no parece ser la fórmula ideal para terminar con estas bandas que van en plena expansión.

Días atrás en Bogotá se descubrió un nuevo modo de operar: adultos mayores de 60 años están siendo utilizados como correos humanos en Colombia, y en los últimos días se han capturado a cuatro de ellos transportando drogas en varias zonas del país. Según lo informaron las autoridades, a través de los ancianos las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes logran manejar de un lado a otro cargamentos de hasta unos 300 gramos de cocaína pegada a su cuerpo, y algunos kilos en maletas de doble fondo.

Lo cierto es que los datos del mercado del narcotráfico en Colombia son escalofriantes: produce 185 toneladas métricas de cocaína, el 61 por ciento tiene como destino Estados Unidos y el restante 39 a Europa. Además, provee del 65 por ciento de la heroína que se consume actualmente en EEUU.

Fuego cruzado

En la Argentina la persecución del narcotráfico abre fuego cruzado. "La columna vertebral de la seguridad pasa por la Justicia", descargó duro el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, apuntándole a los jueces. Mientras que desde el sector judicial insisten con la necesidad de que las fuerzas policiales cuenten con mayores herramientas y capacitación para lograr operaciones exitosas para el desbaratamiento de las patas locales de las bandas narcos que operan desde el exterior.

"La Argentina es un país que se hizo en base a la inmigración, viene gente de todo el mundo a trabajar. ¿Pero qué hacemos con los delincuentes que vienen a delinquir? No tenemos los instrumentos para sacarlos. Hay que dar una legislación. Hay que sentarse a trabajar. Hacen pedidos de informe, necesitamos que los legisladores legislen, den las herramientas a la Justicia para que actúe", dijo el funcionario.

Sicariato

Lo que llama la atención del magistrado es el aumento de los hechos de sicariato en el país, una modalidad que todo parece indicar tiene un sello extranjero. “Mi mayor preocupación son algunas señales que hacen que se esté evidenciando un giro distinto en el país: los hechos de sicariato, las amenazas a periodistas en Mendoza, el desplazamiento de cúpulas de la policía por estar involucradas en el narcotráfico en Córdoba”, destaca el magistrado al tiempo que se detiene a recordar casos de extrema violencia ocurridos en los últimos años como los colombianos baleados en la puerta de Unicenter, la muerte de otro ciudadano colombiano en Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, el asesinato de hombre que andaba en bicicleta en Palermo “hubo varios episodios de sicariatos que no eran habituales”, señaló.

Fiscal amenazado de muerte

"No me gustaría que este país, que ha podido juzgar a genocidas en juicios con cara descubierta de jueces, tengamos que llegar por estas organizaciones delictivas, a jueces o fiscales con cara cubierta como en Colombia o en Perú", sostuvo el fiscal Guillermo Camporini, luego e haber sido amenazado de muerte.

El caso se dio a conocer días atrás cuando trascendió que en escuchas telefónicas un traficante y un ex policía, ambos detenidos, elaboraban un plan para matar al juez Carlos Vienna y a Camporini. Las grabaciones pertenecen a una causa por tráfico de drogas a cargo del juez federal Carlos Vera Barros. Fue él quien avisó al fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, que dos detenidos planeaban asesinar al juez y al fiscal, quienes encabezan distintas investigaciones vinculadas a la batalla entre traficantes que sacude a Santa Fe.

"A nadie le gusta aparecer en la nómina de posibles asesinatos. De valiente no tengo nada ni de héroe tampoco. Acá se excede el marco de lo que es el juez (Carlos) Vienna o del fiscal Camporini. Fiscales mejores que yo debe haber montones. Acá el problema es institucional. O sea, lo que se ha buscado es mandar un mensaje de que el poder lo tienen ellos. Esos es lo grave. Esto afecta lo institucional. Nosotros, los del Poder Judicial somos los encargados de aplicar las norma conforme la legalidad", sostuvo el fiscal.

Sabrina Santopinto

Directora PuntoJus.com (Diario Crónica)