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| Federico Guillermo Nieva Woodgate y Candela. |
Ituzaingó (BuenosAires2punto0). Federico Guillermo Nieva Woodgate, actual Fiscal General del Departamento Judicial de Morón, está más cerca del banquillo de los acusados.
El hombre que intervino en la acusación contra el sacerdote Julio Grassi y en 2011, quedó al frente de la investigación por la desaparición primero, y la muerte después, de Candela Sol Rodríguez enfrenta un pedido de juicio político por su accionar en una causa que lo acusa de cometer delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, aunque en teoría se ha dado un paso más hacia el jury, en los pasillos judiciales existen varios interrogantes sobre el rumbo que tomará el jurado de enjuiciamiento recientemente sorteado.
Nieva ha tenido desde el inicio, un rol fundamental en el caso Candela. No sólo porque es sobre quien recae la máxima responsabilidad de la investigación y curso de la causa, sino porque además, se dice, ha sido funcional a los deseos de quienes preferían mantener la investigación bajo la órbita del poder judicial de la Provincia. Una investigación que desde el primer momento arrojó más dudas que certezas, y a la que se le cuestiona, entre otras graves falencias, el no haber sido girada a la órbita de la justicia federal, siendo que ineludiblemente tenía componentes relacionados con el narcotráfico y que sostuvo un secuestro extorsivo seguido de muerte. Ambos temas requieren la intervención de la Justicia Federal, algo que no ocurrió, y que en cambio, se reservó al ámbito de la provincia con extrema celosía.
Aunque fueron encarcelados con bombos y platillos, más de la mitad de los acusados de tener algún grado de participación en el hecho, ya están con un pie afuera.
El primero en obtener la excarcelación fue “el Carpintero” Ramón Néstor Altamirano. También dejó la prisión Liliana Cabrera y aguarda que quede firme la excarcelación extraordinaria aprobada por la Cámara de Casación, Fabián Gómez, Guillermo López y Héctor “el Topo” Moreira.
Con estas resoluciones, a los investigadores cada día les cuesta más sostener una línea e hipótesis que claramente sesgan parte de la realidad.
Se sabe ahora, además, que el componente narcotráfico relaciona a la familia de Candela de manera directa a través de su madre, Carola Labrador, con bandas que operan en el conurbano. Se sabe también, mediante el relato de algunos testigos encubiertos, que esas bandas tendrían vinculaciones con efectivos de la fuerza policial bonaerense, quienes no habrían actuado sólo como “liberadores” de zona, sino que tendrían participación directa en el negocio de la venta de estupefacientes.
Se sabe también, que una de las líneas de investigación sostendría que quienes levantaron a la nena eran dos hombres, uno de ellos, presuntamente integrante de la fuerza policial.
Se sabe además, que hace pocos días, durante una reunión de Intendentes con el gobernador Daniel Scioli, el mandatario bonaerense habría tenido un duro cruce con el Jefe comunal de Hurlingham, Luis Acuña, precisamente por el caso Candela y sus derivaciones. Acuña habría intentado endilgar todas las responsabilidades a Scioli, y éste le habría respondido con dureza pidiendo que el Intendente “se haga cargo de la parte que le toca”. Dicen, quienes estaban presentes, que el trasfondo de la discusión estaría relacionado con cierto “encubrimiento” del jefe comunal para que la investigación no avanzara sobre las conexiones internas del narcotráfico en el distrito y pudiera afectar a personas muy cercanas al entorno de Acuña.
El Jury
Más allá de Candela, Federico Guillermo Nieva Woodgate enfrenta desde el 3 de diciembre, la elevación a juicio político. No por su accionar en este caso, algo que quizá podría estar sujeto también a análisis, sino por hechos que lo vinculan a delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como Titular del Juzgado Penal Nro. 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
El expediente 052/10 caratulado como “Puesta en conocimiento, solicitud de investigación por delitos de lesa humanidad s/Guillermo Nieva Woodgate y otros Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”, se inicia el 22 de octubre de 2010 a partir de la presentación efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de Presidente de la Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), quien solicita a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires que “se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos presentados, se individualice los participes necesarios para garantizar la impunidad judicial de los delitos de lesa humanidad perpetrados y consecuentemente, asuma el rol de denunciante y acusador de conformidad con lo establecido por la ley 13.661”, solicitando se contemple la posibilidad de realizar el Jury de enjuiciamiento al Fiscal General de Morón, Federico G. Nieva Woodgate y a todo funcionario judicial que por acción y/o omisión hubiese garantizado la impunidad de los genocidas”.
Nieva Woodgate fue juez penal de Lomas de Zamora durante los años de Dictadura Militar, y según una resolución de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, existe certeza de que todos los Jueces de la Provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos y en casos particulares se tramitaba la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales de la libertad para evitar así librar los oficios correspondientes y en consecuencia, evitar que la naturaleza de los hechos imputados constituyeran delitos de lesa humanidad.
En base a esas denuncias, que se desprenden además de los juicios llevados a cabo por las desapariciones relacionadas con la Unidad Penal 9 de La Plata, la Comisión inicia las medidas investigativas en noviembre de 2010 a fin de recabar informes para comprobar la verosimilitud de los hechos contenidos en la denuncia.
Concretamente, en el expediente surge un informe de parte del Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 con sede en la ciudad de La Plata con relación a la causa 2901/09 caratulada “ DUPUY Abel David y otros s/ Tormentos, Privación ilegal de la libertad y otros” , el que entre otra documental, aporta una copia de un oficio librado el 27 de enero de 1977 por el Alcaide de la Unidad Carcelaria Nro 9 (La Plata) al Sr. Juez en lo Penal Dr. Federico Guillermo Nieva Woodgate (otrora titular del Juzgado en lo Penal Nro 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora) poniendo en su conocimiento que el detenido Georgiadis Otero, Angel Alberto sería trasladado por personal militar para indagatoria. Luego, un nuevo informe del Tribunal Federal en lo Criminal Nro. 1 de La Plata aportó el extracto del veredicto de esa causa, mediante el cual se tiene por certificado que la muerte de Georgiadis ocurrió el 2 de febrero de 1977, esto es, seis días después de la referida comunicación. También se tuvo por acreditado que el mismo Georgiadis padeció tormentos durante su detención.
Asimismo en dicho resolutorio judicial es mencionado el Dr. Federico Guillermo Nieva Woodgate en un apartado intitulado “Las Omisiones del Poder Judicial”, en el cual se deja sentado que el detenido Georgiadis se encontraba privado de su libertad a disposición conjunta del Dr. Leopoldo Russo, en ese tiempo titular del Juzgado Federal Nro. 2 de La Plata y del mencionado Dr. Nieva Woodgate en la causa 5328 formada por el delito de hurto automotor.
El ex Diputado Gabriel Villegas, por entonces Presidente de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento señaló en ese entonces que “la investigación fue exitosa, y la votación para constituirnos en denunciantes fue unánime”.
“La Comisión representa a la gente, y asumió la responsabilidad haciéndose cargo de la función que debían cumplir cada uno de los integrantes, por eso podemos decir que sin miedo, y buscando la verdad objetiva hemos arribado a esta denuncia que es la primera de este tipo en la provincia de Buenos Aires”, había remarcado Villegas.
Efectivamente era así. Llevar a Jury a Nieva Woodgate podría significar la apertura de una puerta importante para rever el rol de funcionarios judiciales que desde su civilidad contribuyeron a que se llevaran a cabo delitos de lesa humanidad, y varios aún permanecen en las esferas del poder judicial.
Más dudas que certezas
Si bien todo indicaba que la contundencia de la acusación de la Comisión Bicameral determinaría la existencia de un juicio político, hay rumores de “acuerdos” y protección política.
El expediente fue girado por la Bicameral a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento el 3 de diciembre de 2011. El proceso continúa luego con el sorteo del jurado, un tiempo para que las partes presenten recusaciones u objeciones si las hubiera, y finalmente, se estipula una fecha para que el jurado se reúna y considere si hay causal para avanzar con la acusación.
Buenos Aires 2punto0 advirtió el 3 de febrero pasado, que este caso denotaba una inusitada premura por parte de la Secretaría Permanente para constituir el jurado de enjuiciamiento, un trámite que por lo general demora entre 4 y 6 meses (hay que descontar enero que no es laborable en materia judicial), y que existen otras causas (caso Piotti o Molina Pico) que han sido elevadas una antes y otra junto a Nieva, y no están ni cerca de tener jurado constituido.
Advirtió además este portal, que existen dudas sobre el rumbo que pretende dársele a esta causa. Hay queines temen que el jurado decida, artículo 27 mediante, que “no hay elementos para iniciar el juicio”. Si eso ocurriese, la posibilidad de jury se agota allí mismo, porque la normativa indica que una persona no puede ser acusada nuevamente por el mismo motivo.
La maniobra huele mucho a política y apesta a manipulación con monedas de cambio.
Los pasillos ya comentan que las “negociaciones” entre integrantes políticos de la Secretaría Permanente llegan a la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo y encuentran su anclaje en alguna de las legisladoras oficialistas de la Cámara Alta que estarían dispuestas a poner paños fríos sobre el pasado de Nieva, para que éste no hurgue demasiado en las conexiones de efectivos policiales y políticos locales vinculados al caso Candela.
El jurado sorteado recientemente estará compuesto por: los legisladores sorteados son Iván Budassi (FPV-PJ); Cristina Fioramonti (FPV-PJ); Roberto Costa (UCR); Fernando Rozas (UCyB) y Gustavo Oliva (FPV-PJ).
A éstos se sumarán los cinco abogados que debe incluir, sorteo mediante, la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Sin embargo, una alta fuente legislativa puso en duda que el juicio político avance.
“Uno de los integrantes del jurado es amigo de la Procuradora (férrea defensora de Nieva); Fioramonti no puede constituir el jurado por ser denunciante al ser la vice presidenta de la comisión que denunció a Nievas y uno de los diputados de la oposición tiene por costumbre, no ir contra el status quo judicial porque además tiene relación directa con otros integrantes de su fuerza que sostienen vínculos estrechos con los fiscales del caso Candela, y están todos de acuerdo para que esto no estalle por el aire”, aseguró.
¿Verdad u ocultamiento?
Después de haber dicho los nuevos Senadores y Diputados provinciales una y otra vez que no hay que ser protectores de las corporaciones tal parece que esto no va a suceder.
Mientras surgen cada vez más dudas sobre la posibilidad de que finalmente Nieva sea juzgado, paralelamente la Legislatura bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto presentado por el Senador Jorge D’onofrio (quien preside la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta) que crea una Comisión con facultades para investigar y denunciar penalmente a quienes estén implicados en el secuestro y muerte de Candela Sol Rodríguez.
No son pocos quienes creen que si la Comisión investiga a fondo podría haber muchas salpicaduras indeseadas por el gobierno provincial, y hasta podría significarle a Nieva y al resto de los integrantes de la investigación de la causa Candela (el fiscal y el juez de garantías) un nuevo pedido de jury porque conforme lo establece la Ley 14.088 y 13.661, es altamente probable que pudiera haber causales para un pedido de juicio político.
Pero la discusión de este caso nunca estuvo ajena a la política.
En el seno del bloque oficialista de la Cámara Alta bonaerense el ahora Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni tuvo un duro cruce con la senadora de Hurlingham Zulema Ecohozor (esposa del Intendente Luis Acuña). Mientras la mujer de Acuña relataba con la voz entrecortada y visiblemente llorosa “las penurias” y “lo mucho que preocupaba” a su marido el caso Candela, Berni fue letal acusándolos de conocer “con detalles” quienes “transan merca” en ese distrito.
Lo que también llama la atención por estas horas, es que mientras se conforma un jurado de enjuiciamiento un tanto sospechado de amiguismo, la comisión que había sido votada con bríos y que parecía iba a presidir D’Onofrio, con orden de “ir a fondo” (con todo lo que eso podía implicar), por estas horas podría perder no sólo los bríos, sino muy probablemente el espíritu original para la cual fue creada y hasta la presidencia en manos de otros nombres quizá más “políticamente correctos”, por no decir, más complacientes.
Hace algún tiempo, una frase de Daniel Scioli fue duramente cuestionada por Néstor Kirchner. El mandatario bonaerense había asegurado tener “las manos atadas” respecto a la inseguridad en terreno provincial, y Kirchner le pidió públicamente que denunciara quiénes eran los responsables de esa atadura.
A la luz de los acontecimientos, muy probablemente Scioli se haya referido a las corporaciones judicial y policial, algo que también a la luz de los acontecimientos, no parece haber cambiado.
Al menos hasta hoy, Nieva duerme tranquilo, y las corporaciones también.
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