“Se necesita la Judicialización del control de las cárceles”

El presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, avanza con la implementación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias que busca proteger los derechos de las personas privadas de su libertad.

El magistrado, Gustavo Hornos indicó que dentro de los primeros resultados que obtuvo el sistema de control de los centros de reclusión se detectó no sólo “un aumento notorio de la población carcelaria, sino que también un incremento aún mayor de los muertos en las cárceles”.
Ante este escenario desde el organismo de control se detectó la falta de radicación de denuncias en los casos de decesos, situación frente a la cual se instruyó al Servicio Penitenciario Federal para que realice la denuncia penal correspondiente “en todos los casos de muertes de personas privadas de su libertad, aún cuando mueran en hospitales penitenciarios o en hospitales extra muros. Asimismo indicamos a jueces y fiscales que investiguen esto de manera exhaustiva”, explica Hornos.

-¿Cómo ve la situación de las cárceles en la actualidad y cómo debe actuar la justicia?
-Creo que lo que hay que hacer desde la magistratura es acercar a las cárceles y verlas por dentro. Desde hace años son un convenido de la judicialización del control de las cárceles. Años atrás se discutía y se decía que la pena privativa de la libertad era una cuestión administrativa, es decir del Servicio Penitenciario Federal. Yo siempre sostuve que era judicial, por ejemplo que todo sea recurrible. En todo lo que sea tratamiento del recluso como ser sanciones o condiciones de vida, que el recluso pueda acceder fácilmente al Poder Judicial. Dentro de la privación de la libertad existen muchos grados de privación y hasta hace muy poco estas medidas no eran informadas al juez, los internos no contaban con asistencia letrada y a partir de la doctrina de la cámara esto se ha ido modificando.

-¿Se está trabajando adecuadamente en el fin de la resocialización?
-Nuestra ley prevé un sistema progresivo, es decir que el preso a partir del cumplimiento de la pena y de su conducta puede ir accediendo a diferentes institutos. Las controvertidas salidas, ya sea transitorias o visitas domiciliarias que lo que buscan es la resocialización, el fortalecimiento de los vínculos familiares, la posibilidad de reinserción laboral.

-¿Cómo transcurren las denuncias de torturas en la Justicia?
-Tuvimos un caso muy importante que no fue dentro de una cárcel pero que fue un caso de tortura seguida de muerte de una persona privada de su libertad. Se trató de un joven que fue obligado a cruzar el Riachuelo nadando, de noche, él no sabía nadar por lo que murió ahogado. Nosotros lo calificamos como tortura seguida de muerte y le pusimos prisión perpetua al personal policial que lo obligó a hacer esto. Es decir, no rehuimos a la aplicación de estas penas, si nos damos cuenta de que en la cárcel hay que investigarlo todo. Al Servicio Penitenciario Federal hay que controlarlo. El control judicial no le va a hacer mal a nadie.

-¿En este caso sería de importancia la aplicación de un sistema acusatorio?
-El sistema que tenemos y la jurisprudencia, tienden al sistema acusatorio. Hasta hace poco se consideraba que el juez podía poner, si había acusación fiscal, la calificación que quisiera y la pena que quisiera. Ahora nosotros decimos que el Poder Judicial, la jurisdicción está limitado por la acusación. Lo máximo que se le puede poner a una persona es todo aquello por lo que fue acusado, pero no más. Si el fiscal acusa por robo, no se puede calificar robo con armas.
-Esto le daría mayor protagonismo a los fiscales, pero eso es un poco temido por algunos jueces…
-A mí me parece correcto. Nosotros hemos dicho que el principio acusatorio se extiende también a la materia recursiva, es decir que si llega acá un recurso de la defensa y el fiscal manifiesta que le parece correcto, nosotros consideramos que no se puede ir más allá de lo que pide el fiscal.

-¿Qué opinión tiene de la aplicación del juicio por jurados?
-Lo establece la Constitución y creo que es el momento político para dar ese debate. Estamos en una etapa crítica de la Justicia y esos son los momentos buenos para buscar las modificaciones. Hay opiniones controversiales por parte de los jueces con el juicio por jurados… también hay controversias por el control de cárceles. Yo como presidente de la Cámara impulsé el control de las cárceles y esto no les cae bien a todos.

-¿En qué se basa este sistema de control de cárceles?
- Cada cámara tiene una comisión de cárceles que trabajan haciendo algunas vistas, algunos informes, pero carecen de un seguimiento y de una coordinación general en todo el país. Así fue que advertimos que por ser una cámara con competencia en todo el país tenemos la posibilidad de emprender más acciones de carácter integral. Vemos temas de sobrepoblación, condiciones de atención de la salud, régimen de visitas, cuestiones de violencia institucional… si hacemos un sistema de control de cárceles lo primero que debemos hacer es reconocer la realidad del sistema. En el 2013, a 200 años de la Asamblea del año XXIII, hay todavía situaciones de tortura o de violencia institucional y es por eso que debemos actuar al respecto. En el sistema convocamos a los jueces de tribunales orales, a la cámara federal y a la cámara del crimen, a la Procuración General de la Nación, a la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, al Procurador Penitenciario, al Servicio Penitenciario Federal, estuvo presente también el ministro de Justicia y explicamos que la idea no era reemplazar a nadie sino que trabajar de forma articulada y lograr seguimiento de las diferentes situaciones que se presentan.

-¿Qué iniciativas van a emprender?
-Vamos a conformar una base de datos especial para reunir todas las unidades del servicio penitenciario federal con sus características como ser cantidad de módulos, pabellones, cantidad de detenidos, si cuentan con enfermería, etc. La idea es que los jueces puedan ver, en este mapa de cárceles, la información precisa de cada establecimiento. 

-¿Cuáles fueron los primeros datos que fueron recabando?
-Notamos que hay un aumento notorio de la población carcelaria, pero hay un aumento aún mayor de los muertos en las cárceles. Preguntamos si en todos casos se hacían las correspondientes denuncias y nos respondieron que sólo se radicaban denuncias en casos de muerte violenta evidente o de muerte dudosa, pero si los reclusos morían en un hospital penitenciario por ejemplo no se denunciaba. Hemos investigado un poco más y vimos que había casos de gente que moría de muerte natural pero eran particularmente muy jóvenes. Entonces como primera recomendación, de muchas que haremos, es que el servicio Penitenciario Federal debe realizar denuncia penal en todos los casos de muertes de personas privadas de su libertad, aún cuando mueran en hospitales penitenciarios o en hospitales extra muros. E indicamos a jueces y fiscales que investiguen esto de manera exhaustiva. Pienso que va a haber una instrucción a los fiscales en este sentido.

Un fuero al borde del colapso
-¿Cuál es la situación actual de la Casación en cuanto al caudal de trabajo?
-A lo largo de este año hemos encontrado múltiples dificultades para la conformación de tribunales orales federales de todo el país por vacantes. En la Ciudad de Buenos Aires se da una particularidad dado que sólo hay una vacante, pero se encuentran con un alto grado de saturación dado que todos tienen grandes causas como son los casos de lesa humanidad donde se prevén que los debates pueden durar años, como por ejemplo en la causa ESMA donde se están haciendo tres audiencias por semana. Asimismo se está desarrollando el caso Condor y siguen llegando grandes causas a los tribunales orales federales y el panorama va siendo de mayor saturación. Así es que con el objeto de buscar una solución para el mediano y largo plazo, hicimos un informe que hicimos llegar al presidente de la Corte Suprema y al titular del Consejo de la Magistratura de la Nación.

-¿Cuál es puntualmente el panorama?
-El primer gran paliativo es la puesta en funcionamiento de los tribunales orales 7 y 8 que van a descomprimir el sistema… ambos tribunales están creados por ley pero sus concursos están en marcha desde hace tiempo. Consulté a las autoridades del Consejo sobre la posibilidad de cubrir estos cargos con jueces subrogantes pero consideraron que no correspondía. Hay un interés por parte del presidente de la Corte Suprema en que estas grandes causas se encaminen, como es el tema de la tragedia de Once. Puntualmente el informe indica que los seis Tribunales Orales Federales de esta ciudad en 2012 recibieron 2387 causas y en lo que va del 2013 ya ingresaron 2345. Estas cifras van a ir en pleno aumento a medida que aumente la conflictividad y la litigiosidad, y a esto se debe sumar que nuestro país está en un proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad que implica debates orales de larga duración.

-¿Cuáles son las bondades del juicio oral?
-La realidad es que para que funcione el juicio oral el sistema requiere que se hagan una menor cantidad de estos procesos, es decir que funcionen las soluciones alternativas al juicio oral como ser la probation para los delitos menos importantes y el juicio abreviado… esto forma parte a una cultura jurídica diferente a la que estamos acostumbrados, pero las soluciones alternativas al juicio oral son muy necesarias dado que deben llegar a esta instancia las causas grandes que son de un interés social.

-¿La extensión de la oralidad a otros fueros, lleva a que se necesiten nuevos recursos?
-Para que el sistema funcione es necesario que los funcionarios que lo llevan adelante lo hagan con agilidad y vocación. Considero que la oralidad procesalmente es una virtud y sin embargo hay mucha resistencia aún: pareciera que es más fácil trabajar sobre el papel, que tomar contacto con la gente. Pienso que el juez, y particularmente el juez penal debe acercarse a la gente.