Desde 2010 a esta parte, el gobierno nacional ha venido adoptando recientemente políticas tendientes a controlar el mercado de cambios y, fundamentalmente, limitar la fuga de capitales del país.
Un informe realizado por el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMOP-Madres de Plaza de Mayo) a cargo de Ernesto Mattos demuestra que, como resultado de las medidas adoptadas frente al agravamiento de la situación, "los primero nueve meses de 2012 la fuga de capitales alcanzó los U$S 3567 millones, el 16% de lo que había fugado en el mismo período de 2011".
Según recuerdan los economistas del CEMOP, "hasta junio de 2010, momento de la primera modificación del BCRA, se habían fugado unos u$s 43.094 millones lo que representaba el 90% de las reservas en el Banco Central, de esa fecha. De la estructura económica argentina y de estos movimiento derivó la decisión del BCRA de intervenir en la compra y venta de dólares.
Hasta entonces "se podía comprar dólares sin mayores restricciones. El límite para la compra estaba fijado en U$S 2 millones mensuales. Hubo dos hechos que influyeron en la modificación de la política económica: el inicio de la crisis internacional en los países centrales Enron (2001) y Lehman Brother (2007) y el conflicto por la Resolución 125.
El documento asegura que, con las restricciones adoptadas, "la economía nacional, se ahorró unos 17.937 millones de dólares" que, según explican, "equivalen al 80% si sumamos los superávit comerciales (exportaciones - importaciones) de 2010 y 2011".
Para el autor del informe esa política permitió, a su vez, "administrar las expectativas devaluatorias de sectores que anunciaban el fin del ciclo económico".
La iniciativa, tomada en junio de 2010, a su vez, "propició la necesidad de realizar modificaciones de la Carta Orgánica del BCRA y del mercado de capitales para el año 2012".
El informe, además, concluye que, frente a las regulaciones impuestas "la presión de los grupos económicos: núcleo de exportadores y especuladores, comenzó hacerse evidente" en la medida en que se observa un comportamiento concomitante entre las restricciones a la fuga y la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo que comienzan a "separarse" precisamente a partir de junio de 2010 y experimentan otro salto a partir de noviembre de 2011 "cuando el paralelo alcanza una cotización de $ 4,740 por dólar".
En ese momento, analizan, "comienzan las operaciones mediáticas y económicas para lograr una maxidevalución de la economía".
Con todo, el mercado de compraventa de dólares ilícitos representa sólo el 5% del total de las operaciones de las transacciones diarias. Sin embargo, "los primeros efectos no se hicieron esperar, el dólar ilegal pasa de $ 4,035 a $ 4,305 entre enero y abril de 2011. La suba es de 0,27 centavos en ese período. Para alcanzar los 7,510 en enero de 2013. Un incremento de $ 3,475 por cada dólar. Entre enero de 2011 y 2013 se incrementó en un 51% su valor."
El informe, finalmente, concluye que "una maxidevaluación afectaría directamente a los sectores populares. Las razones de la especulación con el dólar ilegal tienen que ver con la aplicación de la regulación económica de ese recurso escaso llamado dólar."
El informe, finalmente, concluye que "una maxidevaluación afectaría directamente a los sectores populares. Las razones de la especulación con el dólar ilegal tienen que ver con la aplicación de la regulación económica de ese recurso escaso llamado dólar."
Con estas prácticas, sostienen, "se pretende dar otro golpe de mercado, una maxidevalución que genere descontento social y volver a la idea de libre movilidad de capitales. Utilizando así las divisas generadas por la economía interna para remitir al exterior."
El objetivo de fondo de los especuladores, concluyen los economistas es "instalar la idea del endeudamiento externo" como un modelo alternativo al del superávit externo para proveer las divisas que necesita la economía nacional para desenvolverse. « (Tiempo Argentino)
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