Por Víctor Ego Ducrot (DTA) / Naranja, amarillo, naranja y un poco de amarillo, o los colores del frente de gobierno al cual él, una y otra vez, dice pertenecer; aunque no es menos cierto que en todas las encrucijadas difíciles que tuvo desde sus tiempos de vicepresidente con Néstor Kirchner hasta la fecha, en última instancia, él siempre permaneció. Pero en política, como cualquiera de las situaciones de planteo dramático que vive el Hombre, las señales y los enunciados requieren cada vez de mayor claridad, ser de más enjundia, a medida que la trama avanza. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires le está llegando la hora de tomar decisiones.
Y si el anterior y primer párrafo de esta semana movió a confusión, aquí presento mis disculpas, y aclaro. No se refiere al tópico tan de moda sin desparpajo en los medios hegemónicos y/o encarnizadamente críticos para con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el de las “internas” y las eventuales maniobras de cara a 2015, un verdadero disparate si a ello se le da fuerza de verdad frente a los intríngulis verdaderos que preocupan a quienes están en funciones de gobierno. No; apunta digamos que en clave de metáfora a dos datos concomitantes de los cuales, me animo a afirmar, depende el funcionamiento institucional de la provincia pero también del país todo: más temprano que tarde Daniel Scioli no tendrá más remedio que despedir a su ministro de Seguridad y Justicia, el amigo de la DEA Ricardo Casal, y a su secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho; como también ayudar para que la procuración general a cargo de María del Carmen Falbo pase a ser un capítulo triste de la historia bonaerense.
Aquello de los colores, con punta de flecha hacia el amarillo de Mauricio Macri, apuntaba a lo siguiente: no vaya a ser que a Scioli tanto le guste jugar al fútbol con el alcalde de los negocios sucios de Duran Barba, que se contagie y haga como él, que creó una nueva policía con lo peor de la vieja, y además inútil de gravedad; habrán notado que cada vez que la Metropolitana tiene que actuar según su jurisdicción y competencia, sus jefes políticos dicen que la pobre no está preparada.
En clave de provincia de Buenos Aires, su gobernador, un avezado político, bien debe saber que ni la creación de una fuerza de seguridad judicial, ni una de carácter comunal, ni ninguna otra reforma que pretenda en torno a la seguridad ciudadana puede aspirar al éxito si Casal, Falbo y Derotier de Cobacho siguen en sus puestos. Sería dejar a los lobos, es decir a la complicidad que juntan delito, policía y políticos en un mismo tronco, al cuidado del gallinero, es decir de la justicia, de los Derechos Humanos y de las instituciones democráticas mismas.
El 9 de este mes, AgePeBa, la agencia pública de noticias de la provincia de Buenos Aires consignó la siguiente información: “Hay un mismo modus operandi cada vez que una causa puede perjudicar a la Bonaerense o al Ministerio de Justicia y Seguridad”, según Marcelo Mazzeo, uno de los abogados del “caso Candela”, quien insistió en que la instrucción de la causa “busca evitar que se ventilen complicidades policiales y políticas con el crimen organizado”, y en que se separe a Policía Bonaerense de esos procedimientos y se investigue si la cartera de Casal “bajó dinero” para comprar jueces.
Ese abogado viene denunciando una serie de irregularidades y connivencias político-judiciales para encubrir las líneas de investigación, que llevarían a vincular el secuestro y asesinato de la niña con una red de narcopolicías.
“En los casos más importantes de la provincia de Buenos Aires, como el de Candela, el caso Píparo y el cuádruple crimen de La Plata, siempre aparece un denominador común que es la utilización de testigos de identidad reservada, buches de la policía o personas que tienen relación directa con la delincuencia, para armar todas estas causas. Quien ahora está imputado como autor intelectual del crimen, Héctor Moreyra, trabajó codo a codo con los jefes policiales Roberto Castronuovo y Marcelo Chebriau durante los primeros nueve días de la desaparición de la niña. Chebriau, jefe de investigaciones de la DDI de La Matanza, es una pieza clave en la trama de encubrimientos”, dijo Mazzeo.
El lunes pasado, el mismo medio bonaerense dedicó una importante cobertura a las andanzas de Falbo y Derotier de Cobacho.
“Son numerosos los datos que han llegado a manos de abogados y defensores de Derechos Humanos sobre los casos en los que la procuradora general de la Provincia, podría estar implicada en casos de archivos injustificados y ocultamiento de datos. Son maniobras tendientes a disimular casos de corrupción policial y complicidades con el delito. Ya tiene tiempo la presentación del fiscal Leandro Daniel Heredia por ‘coacción agravada y tráfico de influencias’, en la que Falbo y otros fiscales y funcionarios podrían quedar complicados”, aseguró AgePeBa; tras distribuir, minutos antes, una entrevista con Rubén Schaposnik, empleado de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, quien acusó a las autoridades de la misma de “tapar” todo lo vinculado con delitos cometidos por las fuerzas policiales y del servicio penitenciario.
“Además, los funcionarios conducidos por la secretaria Derotier de Cobacho no nos permiten asistir a las cárceles denunciadas, no nos dan autos, ni viáticos; vos tenés una denuncia en una cárcel en Bahía Blanca, por ejemplo, y no podés ir porque no te dan una movilidad para llegar hasta allá, y si vas tenés que gastarlo de tu bolsillo. Nosotros tenemos un compromiso con lo Derechos Humano y vamos a reivindicar que la secretaría tenga una política firme en ese sentido”, dijo Schaposnik.
El viernes de la semana pasada, varios trabajadores y militantes sindicales de esa secretaría del Estado bonaerense habían sido golpeados por una patota del sindicato de patovicas (Sutcapra). Antes de ayer fueron recibidos por vicegobernador Gabriel Mariotto, quien se solidarizó con ellos y se comprometió a llevar el caso hasta las máximas autoridades de la provincia, para que, dijo, “se haga justicia”.
Este mismo lunes –comenzó agitada la semana–, el titular del bloque oficialista en la Cámara baja bonaerense, Juan De Jesús, dijo que los proyectos para una policía judicial y otra municipal se encontrarán entre las prioridades de las próximas sesiones ordinarias de la Legislatura, a partir del 1 de marzo. “Hay que discutirlos, debatirlos, hacer participar a los intendentes, a los magistrados, a los organismos de Derechos Humanos, a las Universidades, y a todos aquellos que quieran participar.” Y puntualizó respecto de la primera iniciativa: “Hasta ahora las investigaciones las realiza el fiscal, pero conjuntamente con la policía. Con ese proyecto, todas las investigaciones de delitos complejos, bandas organizadas, narcotráfico, pasarían a estar en manos de esta nueva un órgano dependiente del Poder Judicial y ya no del Ejecutivo.”
Suena bien, sin dudas; pero hasta que el gobernador atraviese con éxito su laberinto, todo será en vano.
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