La oposición en la Legislatura porteña está investigando una transferencia que el gobierno de Mauricio Macri podría realizarle a la empresa estatal Autopistas Urbanas S.A. (Ausa).
Varios referentes de la oposición se reunieron hace diez días para estudiar esa transferencia que según sostienen no tendría autorización de la Legislatura y como pudo averiguar LPO superaría los 70 millones de pesos. Los legisladores sospechan tanto del origen de los fondos como de los motivos que tiene el Ejecutivo para realizarla.
El cuestionamiento principal de los diputados opositores se basa en la exclusividad que el gobierno porteño le daría a Ausa para el desarrollo de la obra pública. Es que la empresa tiene su propio reglamento y no rige sobre sus movimientos la ley 2095, de compras y contrataciones de la Ciudad.
Esa ley, sancionada en 2007 y promovida por Gabriela Michetti en sus tiempos de legisladora porteña, contiene en su articulado el marco regulatorio para las licitaciones públicas en el ámbito de la Ciudad.
Y si bien Ausa es una empresa estatal, al tener su reglamento propio –tal como sucede con Subterráneos de Buenos Aires (Sbase)- tiene un mecanismo propio y más ágil para llamar a la licitación.
Según denuncian en la oposición, esto le permite al macrismo acomodar los pliegos de las licitaciones de acuerdo a su conveniencia. Es decir, le permite al Ejecutivo direccionar las licitaciones modificando los requisitos para los oferentes de manera discrecional.
La respuesta del macrismo
Desde el gobierno porteño indicaron a LPO que no están al tanto de la transferencia que investiga la oposición, aunque explicaron que por la ley 3528 sancionada a mediados de 2010, se habilitó al gobierno de Macri a otorgarle un préstamo a AUSA por un monto de 100 millones de dólares.
De esa suma, sostienen que AUSA sólo hizo uso de la mitad, a raíz de los diversos amparos judiciales que frenaron una buena parte de las obras que la empresa pensaba ejecutar, en especial los denominados “sapitos” o cruces bajo nivel.
De esta manera, en el gobierno porteño estiman que todavía AUSA podría retirar del banco unos 50 millones de dólares si es que se revierten los amparos.
Por otra parte, desde el gobierno porteño explicaron que el gobierno de Macri suele hacer obra pública a través de AUSA no por una cuestión de direccionamiento de las licitaciones sino porque es más ágil y barato.
“Si el gobierno construye desde AUSA no tiene que pagar IVA, por lo que las obras nos cuestan un 20 por ciento menos a todos los porteños”, señalaron desde el macrismo y agregaron que por medio de la empresa, los pagos se hacen en cuestión de días, en un trámite que duraría meses si se hiciera a través del gobierno porteño.
“AUSA es un agujero negro”, sintetizó a LPO el titular del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura, Fernando Sánchez, que señaló que “se requiere más control” para la empresa estatal. La respuesta del macrismo a este medio fue que unos once organismos controlan a Ausa, entre ellos la Auditoría General y la Defensoría.
Los fondos del Banco Ciudad
En la oposición sospechan que el macrismo girará a Ausa los casi 400 millones de pesos que logró sacarle al Banco Ciudad.
A fines del año pasado, la Legislatura aprobó la ley n° 4038 que autoriza al gobierno porteño a disponer de las utilidades de la superavitaria entidad que encabeza Federico Sturzenegger
Si bien se estableció en la norma que los fondos se destinarán a un fideicomiso para obras con “Fines Sociales y Soluciones Habitacionales”, en la oposición sugieren que Macri se valdrá del mismo mecanismo que utilizó para la construcción de sapitos para direccionar licitaciones que le permitan construir y refaccionar viviendas, escuelas y hospitales como lo ordena la ley.
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