Denuncia penal contra el Gobernador Scioli

Por incumplimiento en sus deberes como funcionario público

El Observatorio Internacional de Prisiones a través de su presidente, Graciela Perez Dubréz, presentó en la Fiscalía General, Departamento Judicial La Plata, una acción penal contra el gobernador Scioli por el delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al “no haber garantizado el derecho humano de seguridad que solicitaron los vecinos del barrio La Cárcova, inacción que provocó el asesinato de un niño de 13 años que fue víctima del fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes”.

El diputado provincial Ricardo Vago del Partido Socialista en el Frente Progresista Cívico y Social compareció ante escribano público el 14 de diciembre de 2012 y declaró que en su labor de protección y promoción de los derechos humanos tomó conocimiento el 8 de octubre de ese año del grave problema de seguridad que padecen los habitantes del Barrio La Cárcova en José León Suárez. Que los vecinos manifestaron que sólo tenían confianza en la Gendarmería Nacionalpara la preservación de la seguridad pública en el barrio”. Ese documento estuvo acompañado por 425 personas del barrio, con aclaración de nombre, apellido y documento de identidad. El legislador acompañó de esa forma la acción impulsada por la Presidente del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina, organismo reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA). Vago llevó el petitorio a la legislatura provincial donde obtuvo el acompañamiento de la Cámara de Diputados para la declaración aprobando la “solicitud dirigida al Poder Ejecutivo Provincial, encabezado por el Gobernador Daniel Scioli, para que realice las gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y se incremente el número de gendarmes en el Barrio La Cárcova”.

Ese requerimiento de los habitantes, canalizado a través del Observatorio Internacional de Prisiones y del diputado provincial Ricargo Vago, “no fue atendido por el Sr. Gobernador Scioli ya que sólo se limitó a enviar 6 gendarmes más para una población calculada en más de diez mil personas”.

La inacción ejecutiva tuvo una brutal consecuencia. En octubre del presente año dos bandas de narcotraficantes se enfrentaron en La Cárcova provocando el crimen de un niño de 13 años. Este es uno de los argumentos que fundamenta la denuncia penal contra el gobernador Scioli, sumado a otros dos elementos. El primero señala que la Policía Bonaerense, contando con los datos de los autores del asesinato, no produjo las detenciones correspondientes. El segundo es más grave aún, hasta la fecha de la presentación judicial, el 28 de noviembre pasado, el gobierno provincial no hizo nada para responder al derecho humanos de los habitantes de La Cárcova que quieren vivir con seguridad. Es preciso agregar que como consecuencia de la impotencia ante el desamparo los pobladores emprendieron una violenta protesta que culminó con la quema de la comisaria y los elementos estratégicos, tales como patrulleros y demás logística por esto desde el Observatorio Internacional de Prisiones consideran“que el erario público debe reponer los elementos dañados”.

La Comisión Directiva del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina asentó la denuncia penal, sin prejuicio de presentar una acción de amparo u otro instrumento jurídico si considera conveniente al caso.

Contacto prensa Diputado R. Vago: 011 15 6453 3316 / 011 15 3277 2279

"El sistema de la crueldad", nuestros lugares de privación de la libertad

PRESENTACIÓN DEL INFORME 2013 DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA

(AW) En el marco de los 10 años de trabajo de monitoreo en lugares de privación de la libertad, la CPM presentó el informe anual 2013: El sistema de la crueldad VIII. Esta investigación es el resultado del trabajo realizado durante el periodo 2012-2013 en lugares de privación de la libertad y el registro de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. La tortura es una práctica habitual dentro de las cárceles bonaerenses: El "submarino seco", la picana, el aislamiento y el estaqueamiento son prácticas que se continuaron desde la dictadura.

En el acto de presentación, Adolfo Pérez Esquivel, co presidente de la Comisión por la Memoria, dijo que: “el trabajo del Comité contra la tortura es un aporte a la sociedad y al gobierno, para que lo tomen en cuenta y corrija lo que hay que corregir. Esperamos que la consigna de tortura nunca más sea una realidad y no un simple enunciado”.

El Dr. Hugo Cañón, co presidente de la CPM, recordó: “hace 10 años somos ese ojo revisor de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Este monitoreo se hace con una rigurosa metodología de los equipos de trabajo del Comité contra la Tortura. La Comisión por la memoria se caracteriza por aceptar grandes desafíos. Y sigue siendo un desafío terminar con la tortura en las cárceles y que se logre una sociedad realmente integrada”.

En el Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata acompañaron el acto: Francisco Mugnolo de la Procuración Penitenciaria de la Nación; Hilda Kogan y Eduardo De Lázari, ministros de la Suprema Corte de la provincia de Bs. As.; Florencia Saiuntout, Anibal Viguera, Verónica Cruz, decanos de la Universidad de La Plata; Gabriel Vitale, juez de Lomas de Zamora; Hugo Blasco de la Asociación Judicial Bonaerense; Hugo Godoy de ATE Nación, Estela Díaz de la Secretaría de Género de la CTA; Rosa Bru, Raquel Wittis, Alcira Daroqui de la UBA. Además, estuvieron presentes representantes del CELS; APDH La Matanza, La Plata y Mar del Plata; familiares de víctimas de la violencia institucional; Maximiliano Pagani de la Procuración provincial; representantes del Ministerio de Justicia de la provincia, entre otros.

En el año 2003 la CPM creó el Comité contra la Tortura con el objetivo de monitorear lugares de detención, y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos u otros establecimientos donde se alojen personas contra su voluntad. Este trabajo cumple con los principios establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para el control y monitoreo de lugares de encierro. Por su diseño institucional, reúne los requisitos de autonomía funcional y financiera que exige dicho tratado internacional.

Roberto Cipriano García, ex director de Comité contra la Tortura y actual funcionario de la Procuración contra la Violencia Institucional, hizo referencia a los inicios del trabajo de monitoreo de cárceles y lugares de encierro: “Cuando asumió Ruckauf había 8 mil detenidos en la provincia de Buenos Aires y dos años después dejaba la provincia con más de 20 mil presos en las mismas plazas ya sobrepobladas y hacinadas. Con la idea clara de luchar con la tortura nace el Comité contra la tortura en el seno de la Comisión por la Memoria, como una política institucional para aportar a la transformación de esa realidad”.

Luego expuso Rodrigo Pomares (director de Seguridad Democrática de la CPM): “La Bonaerense es la policía más grande y más corrupta del país”, afirmó. “El discurso de la guerra contra el narcotráfico, en América latina ha generado estados de excepción; se magnifican los conflictos para militarizar los territorios”.

Por su parte, Alicia Romero (directora de Inspecciones de la CPM) señaló que “el presupuesto para seguridad es 18 veces mayor que el de Niñez; el sistema penal juvenil se parece cada vez más al sistema de adultos. Perdura la tortura”.

Del acto también participó Alejandro Slokar, juez de Casación Penal, quién reflexionó: “lo que se desnuda en estos informes es nada menos que la cloaca del sistema. La pregunta que me compete es: ¿el poder judicial dónde está? Hay una gran responsabilidad. En la cuenta de los 30 años de democracia, todavía hay miles de funcionarios fueron cómplices o encubridores de la dictadura, que después convalidaron detenciones irregulares, abusos, tormentos, etc. Lamentablemente permanece hasta el día de hoy”.

La antropóloga, Rita Segato dijo que: “la realidad nos ataca directamente en el cuerpo, con estos relatos nos llega al cuerpo la tortura y no podemos defendernos. Es un error pensar que lo que sucede en las cárceles es ajeno a la sociedad. Y lo que entendí en mi trabajo en cárceles es que ese ‘ellos’ somos nosotros mismos. La crueldad que sucede en las cárceles alcanza a toda la sociedad”.

En estos 10 años de monitoreo en lugares de detención, se iniciaron 17.689 expedientes; esto significa que en alguna oportunidad (y la mayoría de las veces en varias) estas personas detenidas se comunicaron con el Comité dando cuenta de violaciones de derechos. También se realizaron más de 900 inspecciones a cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos. Se presentaron 11.021 hábeas corpus individuales o denuncias y 37 hábeas corpus colectivos interpuestos contra las situaciones estructurales de vulneración de derechos.

Algunos datos de 2012 en las cárceles de la Provincia: total de detenidos: 28.297; 15.093 con prisión preventiva; 11.817 penados, de los cuales 929 no tienen sentencia firme; muertes en la cárcel: 123, de las cuales 77 fueron muertes no traumáticas; 40 muertes traumáticas (el 32%), incluidos 16 suicidios, y 6 sin especificar; mujeres detenidas: 1.431 y 130 chicos viviendo con sus madres en la cárcel.

El informe refleja y describe, además, cómo el control territorial opera mediante prácticas policiales como la tortura, las ejecuciones policiales y el gatillo fácil, el reclutamiento para el delito, el armado y fraguado de causas, las detenciones sin orden judicial, entre otras. Asimismo, muestra con la contundencia de los datos estadísticos y el abordaje de casos que existe una convalidación estructural de la impunidad por parte del Poder Judicial. CPM