Tribunal prohíbe a Monsanto construir planta en Córdoba

  RECURSO INTERPUESTO POR AMBIENTALISTAS Y VECINOS

Ordenó a la empresa estadounidense paralizar la construcción de la planta en Malvinas Argentinas, hasta que aporte un estudio de impacto ambiental, de acuerdo a las fuentes judiciales.

Un tribunal de Córdoba ordenó a la transnacional estadounidense Monsanto paralizar la construcción de una planta en la municipalidad de Malvinas Argentinas, al aceptar un recurso interpuesto por ambientalistas y vecinos de esa localidad cordobesa.

El dictamen ordena al gobierno de esa municipalidad, a unos 14 kilómetros de la capital provincial, a abstenerse de emitir algún tipo de autorización a la empresa hasta tanto se concluya un estudio sobre los efectos de esa planta sobre el ambiente en la zona.

El recurso fue interpuesto por los vecinos y grupos ambientalistas ante la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba contra una sentencia anterior que permitía a la empresa estadounidense iniciar las obras de su nueva planta de maíz en el municipio cordobés.

La sentencia también prohíbe al ayuntamiento dar autorización de obra hasta que Monsanto presente el estudio requerido.

La instalación que estaba en construcción es como la de Rojas ubicada en provincia de Buenos Aires (capital), y se edifica en una zona de 27 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial A-188, a unos 14 kilómetros de la capital cordobesa.

Los grupos defensores comenzaron en septiembre el proceso legal contra la autorización otorgada por la municipalidad a la empresa, proveedora de productos químicos para la agricultura, en su mayoría herbicidas y transgénicos.

Los productos más conocidos de esta transnacional son el glifosato bajo la marca "Roundup" y el maíz modificado genéticamente, conocido por el código Mon810.

Monsanto ha sido denunciada en muchos países del mundo debido los perjuicios que genera en la salud y los impactos ambientales negativos al alterar la genética de los alimentos.

Un estudio realizado por el Gobierno de Argentina encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en las fuentes de agua potable. Un 80 por ciento de los niños examinados tenían rastros de pesticidas en la sangre.

Monsanto, una de las corporaciones más detestadas por la comunidad de agricultores del mundo, se ha convertido a los ojos de muchos en el más fácilmente reconocible símbolo del control corporativo sobre los alimentos y la agricultura.

Esta compañía estadounidense estuvo involucrada en la creación de la primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial y operó una planta nuclear en la década de los ochenta para el Gobierno de Estados Unidos.

En 1944, la polémica transnacional inició con la creación de DDT, un pesticida que después se prohibió en Hungría en 1968, Noruega y Suecia en 1970, Estados Unidos en 1972. Durante la Convención de Estocolmo en el 2004 se prohibió su uso general, ya que se acumula en tejidos grasos y en la leche y causa daños irreparables en los riñones e hígado, (Ag. Paco Urondo)

El rol del narcoescándalo detrás de la rebelión policial en Córdoba

Por: Ricardo Ragendorfer

Gracias a la política de mano dura de De la Sota, la fuerza de seguridad provincial triplicó los casos de gatillo fácil. Las detenciones de jóvenes en riesgo pasaron de 15 mil a 75 mil y aumentaron un 350% las denuncias por apremios ilegales. 

No fue como el desfile en los Campos Elíseos de la 2ª División Blindada del general Leclerc durante una ya lejana tarde de 1944, tras la liberación de París. Por el contrario, el arribo de 1200 gendarmes a las ahora desoladas calles de Ciudad de Córdoba –enviados desde Buenos Aires para restablecer el orden– resultó menos triunfal. En ese mismo instante –corría la tarde del viernes–, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llegaba al Centro Cívico del Bicentenario para acordar con José Manuel de la Sota el despliegue de esa tropa. Tal parece ser el epílogo institucional de las horas de furia transcurridas entre la noche del 3 de diciembre y la mañana siguiente, cuando una cantidad indeterminada de jaurías humanas se lanzó a una orgía de violencia –con un saldo de 1000 comercios saqueados, 200 heridos y dos muertos–, luego del acuartelamiento por reclamos salariales de casi 3000 uniformados locales. Sin embargo, para el gobernador del cabello plateado esto último habría sido apenas un hecho menor, dado que, curiosamente, sus actuales desvelos tienen su eje en ciertas inconductas de la civil; al respecto, sólo diría: "Perseguiremos a todos los delincuentes y saqueadores." Mientras tanto, los "rechifles" policiales se extendían como una enorme mancha venenosa en las provincias de La Rioja, Río Negro, Catamarca y Neuquén. Una suerte de foquismo azul, en el cual confluye una explosiva constelación de factores; entre ellos, el debate sobre la sindicalización del personal, el vínculo de las corporaciones policiales con el crimen organizado y su unívoco poder de graduar el termómetro de la inseguridad, incluso con fines desestabilizadores. En ese contexto, Córdoba es un caso testigo. 

Exactamente hace tres meses, las gravísimas revelaciones vertidas en un programa televisivo por el soplón Juan Viarnes, (a) "El Francés", hicieron que el oficial principal de la policía cordobesa, Juan Alós, se volara la tapa de los sesos. Su segundo efecto fue la detención del jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa, junto a otro comisario, un oficial inspector y dos suboficiales. Se los acusaba de proteger bandas de narcos y armar causas a personas inocentes.

Ello derivó en una emotiva escena: el funeral de Alós, sin duda el primer mártir de la recaudación policial. Su despedida en el Cementerio Municipal de Alta Gracia congregó a unos 200 efectivos en uniforme de gala, convocados nada menos que por el jefe de la fuerza, comisario general Ramón Frías. Sus palabras fueron conmovedoras: "¿Qué lo llevó a este policía a quitarse la vida? La difamación, la injuria y las mentiras lo llevaron a la inmolación." Una salva de aplausos estalló entonces. Al fin y al cabo, ese hombre se había suicidado en cumplimiento del deber. 

Horas más tarde, el propio Frías daría un paso al costado, al igual que el entonces ministro de Seguridad Alejo Paredes, ambos sospechados de tolerar las actividades recaudatorias de Sosa y los suyos a cambio de un jugoso porcentaje. Ello no impidió que el gobernador pronunciara palabras de elogio hacia este último. "El señor Paredes es una excelente persona, y yo siempre he respetado su profesionalidad policial", aseguró en una entrevista radial, sin que se le moviera un solo músculo del rostro.

De hecho, Paredes era el único policía en el país a cargo de un Ministerio de Seguridad. Entenado y discípulo de Carlos "El Tucán" Yanicelli –actualmente con dos condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en la Dirección de Inteligencia de la policía cordobesa (D-2) durante la dictadura–, Paredes supo hacer carrera en el grupo Eter, un cuerpo de élite que alcanzó picos de fama en virtud de su estilo de trabajo algo brutal. Entronizado, primero, en la jefatura de la policía, antes de su nombramiento ministerial, ese sujeto de ojos pétreos y modales duros se convirtió en el principal bastonero de la política represiva pregonada por De la Sota. 

Desde su llegada al poder en 1999, el gobernador se erigió adalid de la mano dura. Lo hizo mediante la saturación policial de las calles. Mucho patrullero nuevo, operativos al servicio de las cámaras y conferencias de prensa para anunciar el desbaratamiento de peligrosas bandas. Fuegos de artificios sin otro propósito que el de crear una ilusoria sensación de orden. De hecho, a partir de 2007, cuando Paredes obtuvo rango de ministro, la policía cordobesa triplicó los casos de gatillo fácil y –en virtud al medieval Código de Faltas que rige en la provincia– los arrestos de pibes en situación de riesgo pasaron de 15 mil a 75 mil por año, mientras aumentaban en un 350% las denuncias por vejámenes y apremios ilegales. La fórmula es sencilla: demagogia punitiva para aquietar los miedos del espíritu público y vista gorda con los negocios policiales. 

Los resultados están a la vista.

Ya se sabe que, desde la noche de los tiempos, todas las agencias policiales del país hicieron de las cajas ilegales su sistema de sobrevivencia. Visto desde un ángulo perverso, someter los quehaceres del crimen organizado bajo las leyes de la recaudación policial no deja de ser un modo eficaz de graduar con racionalidad administrativa los niveles de la violencia urbana. No obstante, tal recurso posee sus contraindicaciones: en algunas coyunturas, ciertos negocios reñidos con la ley –en virtud del crecimiento cuantitativo de sus actores y a la naturaleza ruidosa de sus actos– superan con creces la capacidad policial de regulación y control, provocando –entre otras calamidades– una especie de implosión institucional. La policía cordobesa encarna un acabado ejemplo de ello.

Es un secreto a voces que Frías y Paredes aún conservan influencia en el seno de la fuerza, al punto de seguir al frente de su línea interna más poderosa. De hecho, el jefe policial César Almada y la ministra Alejandra Monteoliva, quienes hicieron carrera bajo el ala de Paredes, son en la actualidad sus alfiles más dilectos. No debe extrañar, entonces, que en los incidentes del 3 y 4 de diciembre anide –entre otras variables de "ajuste"– un mensaje mafioso; un mensaje dirigido al poder político, a la justicia y a la sociedad en su conjunto. 

En este punto, un interrogante: ¿lo sucedido recientemente en el seno de la policía cordobesa –más allá de la legitimidad del reclamo– fue un conflicto sindical? No estaría de más centrar tal cuestión en un debate. Claro que los derechos gremiales de los encargados de ejercer la legítima fuerza del Estado son acotados. ¿Los uniformados son trabajadores o funcionarios públicos con armas? El carácter militarizado de su funcionamiento y la no democratización de sus estructuras son parte de la respuesta. Y constituyen dos circunstancias no ajenas a la crisis actual. Una crisis que redujo a escombros el preciado sentido policial de la cadena de mandos. Una cadena que es preciso refundar.

Pero De la Sota mira hacia otro lado. Y en ello hay un motivo de peso: los sueños de la seguridad crean monstruos. «  (Tiempo Argentino)

Como pan caliente: millonaria evasión en cadena de franquicias cordobesa

* La marca “LAPANA” evadió impuestos por más de 5,2 millones de pesos (IVA y Ganancias)
* Se realizaron 9 allanamientos y se pidieron detenciones
* En los locales comerciales no se emitían tickets
* La empresa proveedora de los productos evadía el 25% de lo que facturaban

A partir de una minuciosa investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y los agentes fiscales llevaron a cabo 9 allanamientos para recabar información que permita desactivar a una presunta asociación ilícita que evadió impuestos por más de 5,2 millones de pesos.Se trata de la marca “LAPANA”, una importante cadena de franquicias dedicadas a la comercialización de panes y café, con más de 20 locales comerciales en la ciudad de Córdoba y el interior.

Además sobre un total de 88 empleados relevados, 33 que no estaban declarados

Los allanamientos fueron realizados en las principales franquicias de “LAPANA”, ubicadas en el reconocido shopping Patio Olmos, en los locales ubicados en el centro comercial Buen Pastor y en las principales firmas que conforman la asociación ilícita: GASTRO ARGENTINA S.A. (titular de la marca “LAPANA”) y LA COMPAÑÌA PANES Y CAFÉ SRL (proveedora de los productos congelados de panificación que se venden en los locales).
Las maniobras de evasión comprendían un doble mecanismo. Por un lado, GASTRO ARGENTINA no emitía tickets por las ventas realizadas y sólo entregaba comandas. Esto se traduce en evasión de impuestos por ventas.

A su vez, losfranquiciados pagaban entre un 2% y un 3% mensual en concepto de regalías, facturando el monto calculado sobre las ventas declaradas en Ingresos Brutos y no sobre el total de ventas reales.
Por otra parte, LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL –proveedoras de LAPANA – sólo facturaban formalmente el 75% de las ventas mientras que el 25% restante lo evadían.
Para realizar los cobros, la empresa proveedora solicitaba que el 25% marginal le sea abonado obligatoriamente al cobrador que pasaba por las sucursales y el 75% podía ser depositado en el banco o pagado en efectivo al cobrador.

La utilización de la figura de la franquicia y el contrato pactado entre las partes involucradas permitían, en este caso, la existencia de un sistema contable marginal para la evasión de impuestos, traducido en un engranaje marginal para la venta en negro. 

Aeropuerto de Córdoba: un can de la AFIP descubrió 15 kilos de cocaína impregnada en prendas

**Un perro antinarcóticos entrenado por la AFIP detectó la droga que estaba escondida en una valija

**Por orden de la Justicia, quedó detenido el pasajero –de nacionalidad israelí– que estaba en tránsito en el país.

**El viajero provenía de Perú, tenía escala en la Argentina y su destino final era Europa

 “Paco”; uno de los canes antinarcóticos entrenado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), descubrió 15 kilos de cocaína que un pasajero –de nacionalidad israelí– llevaba ocultos en su valija de mano. El procedimiento se realizó ayer en el Aeropuerto de Córdoba y, por orden de la Justicia, el viajero quedó detenido y la droga fue secuestrada.

El primer indicio de que había algo irregular fue el nerviosismo del portador de la valija. La extraña conducta fue la señal de alerta para que el personal aduanero decida separar de la fila de embarque al pasajero israelí. El hombre se encontraba en tránsito, había arribado al aeropuerto de Córdoba proveniente de Perú, debía hacer un transbordo en el país, y su destino final era Europa.

Una vez separado, el viajero fue requisado por el personal aduanero y su valija escaneada. Al observar la presencia de elementos sospechosos, se decidió la intervención del can antinarcóticos “Paco”. Ni bien ingresó en escena el perro entrenado, se abalanzó sobre la valija, realizando su clara “marcación” de que las prendas habían sido impregnadas con cocaína.

La ropa, en su mayoría camisas y toallas, fue sometida al narcotest que confirmó la presencia de la droga. Acto seguido, el personal aduanero dio intervención al Juzgado Federal Nro. 3 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, quién ordenó el secuestro de la droga y la detención del pasajero.

Cabe señalar que “Paco” es un labrador, de sólo 2 años de edad, especializado en la detección de estupefacientes y divisas. El año pasado se hizo conocido cuando en su primer procedimiento detectó 6 kilogramos de cocaína impregnados en textiles y artículos de merchandising del club Boca Juniors. 

Tras investigación de la AFIP, tres destacados importadores fueron detenidos por contrabando en Córdoba

 Secuestrode  más de 2.500 productos
 por un valor estimado en $ 5 millones

 **El monto total de la mercadería ingresada de contrabando al país por la banda ascendería a los $ 35 millones.
**secuestraron más de 2.500 productos, por unos $ 5 millones, entre los que se cuentan cuatriciclos, indumentaria y autoelevadores.
**Los controles de la AFIP sobre pagos por internet permitieron descubrir las maniobras fraudulentas.
**La banda se dedicaba al contrabando de productos del rubro motocicletas y náutica, y poseía fuertes vínculos con el exterior.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 12 allanamientos simultáneos en la ciudad de Córdoba y secuestró más de 5 millones de pesos en mercadería, compuesta por más de 2.500 productos, entre los que se cuentan cuatriciclos, indumentaria y autoelevadores, además de documentación y elementos informáticos de relevancia para la investigación.

Tras los allanamientos de la AFIP, la Justicia Federal detuvo a tres importantes empresarios y varias personas más se encuentran imputadas en la causa por contrabando. Entre los involucrados hay reconocidos empresarios de la capital cordobesa de los rubros motocicletas y de náutica.

AFIP secuestra gran cantidad de
cuatriciclos

Los controles de la AFIP sobre los medios de pago no convencionales –a través de Internet (“Dinero Electrónico”)- obligaron a la red delictiva nacional dedicada al contrabando a cambiar su modus operandi y utilizar medios de pago diferentes, con lo que las remesas de divisas espurias al exterior pudieron ser detectadas.

En total, se secuestraron más de 2.500 productos (cuatriciclos, cascos, botas, indumentaria, cubiertas, amortiguadores, maleteros, guantes, antiparras, pecheras, cadenas, autoelevadores, faros, pistones, baterias, guardabarros, carcazas, filtros de aire, kits eléctricos, bidones, accesorios y repuestos, etc) por un valor estimado en $ 5 millones.

El monto total de la mercadería ingresada al país de contrabando desde el inicio de las actividades delictivas de la organización ascendería a$ 35 millones.

La maniobra utilizada consistía en importar mercadería a valores subfacturados, declarando alrededor de un 50% de su valor real. En base a esto, la investigación se orienta, además, a determinar a cuánto ascendería el total de lo evadido en materia impositiva.

Además, algunas de las firmas importadoras investigadas estarían constituidas por “prestanombres”, con domicilios inexistentes.

Los involucrados tenían un alto nivel de vida y algunos de ellos cuentan con bienes radicados en Miami, según los indicios recabados durante la investigación. Todos los implicados se desplazaban en vehículos de alta gama, entre otros detalles.

Los agentes de la AFIP allanaron con orden judicial establecimientos comerciales, depósitos y residencias particulares, así como también la oficina de un despachante de aduana y el estudio de un asesor contable.

La investigación comenzó con un intercambio y cruce inteligente de información -realizado respecto de mercaderías consideradas sensibles-, sobre datos obtenidos en tareas de análisis, gestión de riesgo, fiscalización y auditoría.

A partir del trabajo de la AFIP, el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, dispuso una batería de medidas que incluyeron los allanamientos, detenciones y el secuestro de numerosos elementos de prueba que permiten acreditar y confirmar la consumación de una gran cantidad de hechos de contrabando.

Un total de 80 funcionarios de la AFIP participaron del operativo y contaron con la colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional.

La investigación de la AFIP que motivó la radicación de la denuncia penal comenzó hace varios meses y fue dirigida por la Fiscalía Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Graciela Lopez de Filoñuk.