UN FALLO VERGONZOSO

El Consejo Nacional de las Mujeres manifiesta su absoluto rechazo a la concesión del beneficio de prisión domiciliaria por el Tribunal Oral en lo Criminal de Azul Nº 1, a dos hombres de Olavarría, Osvaldo Víctor Sosa y Guillermo Sosa, padre e hijo, condenados cada uno a ocho años de prisión por abuso sexual infantil dentro del ámbito familiar.

A los agresores se les impusieron estas penas por abusos sostenidos y continuados a lo largo de más de una década, pero fueron beneficiados con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, porque según el Tribunal “no tenían antecedentes penales” y por “el buen concepto del que serían merecedores”, entre sus conocidos, a pesar del reclamo de las víctimas. Las jóvenes, que sufrieron estos abusos desde que eran pequeñas, tendrán que tratar de superar graves secuelas toda su vida.

Consideramos que la concesión de este beneficio, dictada el 2 de julio, con la firma del juez Joaquín Duba, vulnera en forma flagrante los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes reconocidos en nuestra legislación y en la normativa internacional. De forma vergonzosa, infringe y desconoce la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Este fallo judicial supone una revictimización de las mujeres que han padecido el abuso porque las expone a cruzarse con los agresores y no los aparta de la sociedad de inmediato. Constituye violencia institucional que un tribunal no reconozca como suficiente antecedente los delitos probados, continuos y sostenidos durante más de una década contra ellas. Además de la violencia simbólica que supone lanzar un mensaje de desprotección a la sociedad, especialmente a las mujeres en situación de violencia, necesitadas de la colaboración y el apoyo de todos los poderes del Estado para poder salir de esa espiral. 

Todos y todas debemos combatir y repudiar este tipo de prácticas judiciales inaceptables que atentan contra la integridad y la seguridad de miles de mujeres y niñas. Queremos convocar fuertemente a todos/as los/as actores comprometidos para erradicar la violencia contra las mujeres a seguir trabajando para que estas prácticas no tengan lugar en ningún estamento de nuestra sociedad y a redoblar los esfuerzos, porque creemos en una vida libre de violencias.