La justicia "Macrista" (CABA) persigue al joven que detectó y denunció fallas en el voto electrónico porteño

A Joaquín Sorianello no solo lo allanó la policía Metropolitana, sino que debe comparecer en un juicio que no puede solventar. Asimismo, el joven sostiene que el voto electrónico beneficia a unos pocos.

Joaquín Sorianello está viviendo un calvario por haber denunciado fallas en el voto electrónico que llevó adelante el gobierno de la Ciudad en las últimas elecciones. Fallas, que sigue sosteniendo pueden cambiar el resultado de una elección.

A más de dos meses de su denuncia, el técnico informático todavía espera la decisión de un juez, en una causa en la que lo investigan por ser el responsable de que el sistema de voto electrónico haya sufrido fallas.

A raíz de esta causa judicial, Sorianello pide donaciones a través de su cuenta de Twitter ante la imposibilidad de cubrir los gastos de abogados y demás cuestiones. Hasta el momento pudo juntar 50 mil pesos para solventar el juicio.

Además, por medio de esta red social, expresó: "A los únicos que les conviene el voto electrónico es a las empresas proveedoras y a los medios de comunicación".

Para él, la causa es para meterle miedo, como fue el allanamiento de la Policía Metropolitana, durante el que afirmó "se llevaron todo elemento capaz de almacenar datos".

Cabe recordar que el analista informático denunció la filtración de de los certificados SSL de los terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos, que estuvieron publicados en el sitio http://caba.operaciones.com.ar por una deficiente configuración en sus servidores.

El sistema también había sido cuestionado por la Fundación Vía Libre, que se encontraron con el principal obstáculo por "la falta casi absoluta de documentación de acceso público sobre el sistema". El informe, que lleva la firma de Enrique Chaparro, concluye que "el sistema no respeta principios fundamentales ni la norma legal que lo habilita y que, por defectos de diseño, no puede ser adaptado para darles cumplimiento".

Pero el gobierno porteño decidió ir tras los denunciantes, con una orden de allanamiento dictada por la jueza María Luisa Escrich. La medida se concretó a las pocas horas, cuando el analista estaba en Bariloche.