En una investigación iniciada por la AFIP sobre una banda que evadió 197 millones de pesos y lavó más de 4 millones de dólares, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el pedido de excarcelación de Alejandro Ruffa, el cabecilla de la organización delictiva, quien seguirá detenido.
Ruffa había sido detenido en noviembre de 2014 por miembros de la Prefectura Naval Argentina ya que estaba denunciado por la AFIP de ser artífice intelectual y técnico de la maniobra de evasión, generada a través del armado de empresas truchas con el fin de evadir Impuestos, realizar fraude financiero y lavado de dinero.
En ese procedimiento, que incluyó 46 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se detuvieron a otras 6 personas que fueron excarceladas bajo fianzas y embargo de bienes, aunque continúan procesadas en la causa.
Además de la maniobra de evasión, la banda lavó dinero por más de 4 millones de dólares a través de compra de divisas extranjera y fuga de valores al exterior utilizando la compra de títulos bajo la modalidad “contado con liqui” y generó un fraude bancario por más de 4 millones de pesos.
¿Quiénes integraban la banda y cómo actuaban?
El cabecilla de la banda tiene antecedentes penales por estafa y se presenta ante la AFIP y los bancos bajo nombres falsos. Además, es quien preparaba las falsificaciones de las empresas y su documentación. También administraba las claves fiscales, lo que le permitía cambiar de actividad, los domicilios y presentar las Declaraciones Juradas.
Este personaje no trabajaba solo. Lo hacía en complicidad de su esposa, quien se encargaba de los trámites bancarios de las usinas de facturas apócrifas y también adulteró su identidad para operar.
Para falsear las identidades, se valieron de la ayuda de un abogado que trabaja en el Registro Nacional de las Personas y sería el facilitador de los DNI falsos. Luego, se presentaba en las dependencias de la AFIP personificando a diferentes directivos de las empresas que creaban para evadir.
La banda contaba también con un encargado de conseguir los negocios ilícitos. Se ocupaba de comprar sociedades inactivas y conseguir a los usuarios de las facturas apócrifas, mientras que otro secuaz utilizó a unas de las usinas para comercializar computadoras.
A su vez, la asociación ilícita tenía también un contador que se encargaba de solicitarle al cabecilla la facturación apócrifa que necesitaban para los diferentes “clientes”.
Por su parte, un imprentero se encargaba de imprimir las facturas apócrifas de, por lo menos, 23 usinas. En las escuchas telefónicas se constató que estaba en contacto con el cabecilla de la banda.
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