A través del siguiente comunicado, los integrantes de la comisión conformada por los organismos estatales que trabajó en el lugar repudiaron el accionar represivo de las fuerzas policiales y la decisión de la Justicia de privilegiar la "especulación inmobiliaria".
El grupo conformado por funcionarios estatales, judiciales, legisladores y representantes de organismos de Derechos Humanos que trabaja para regularizar la situación de las 750 familias que habitan en Abasto manifiesta hoy su postura respecto a la decisión de la Justicia platense de ratificar el desalojo del predio.
En el escrito se puntualiza el enérgico rechazo ante los hechos de violencia que ocurrieron en el lugar a partir del accionar de la Policía y sostienen que es "preocupante que la Justicia" haya privilegiado "la especulación inmobiliaria" por sobre "las necesidades sociales" de las personas asentadas en el lugar.
En línea con lo advertido ayer por el vicegobernador Gabriel Mariotto, el texto asegura que se pedirá la pronta liberación de los detenidos en el desalojo y la evaluación de la realización de un Jury de Enjuiciamiento para los responsables.
Para evitar que vuelvan a producirse acontecimiento similares se propone además la derogación del artículo 231 bis del código procesal penal "que ha permitido sistemáticamente los abusos policiales que han dado lugar a desalojos violentos".
A continuación el comunicado completo:
Ciudad de La Plata
8 de mayo de 2015
Ante los hechos de violencia ocurridos en la localidad de Abasto (Ciudad de La Plata)
Ante los hechos de violencia ocurridos en la madrugada de ayer durante el desalojo del predio de 50 hectáreas ubicados en la Localidad de Abasto de la Ciudad de La Plata, en el momento en que concurrían distintos organismos estatales en pos de resolver el conflicto presentado:
Expresamos nuestro más enérgico repudio al desalojo, al accionar represivo y pedimos la inmediata liberación de los detenidos.
Es preocupante que la justicia penal haya privilegiado la especulación inmobiliaria frente a las necesidades sociales de las personas que, asentadas en el predio, legítimamente reclamaban por una vivienda digna, violando con dicho accionar las convenciones internacionales y comprometiendo la responsabilidad de la República Argentina frente a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Resulta incomprensible que las fuerzas de seguridad, frente a dos decisiones judiciales contrarias emitidas por un Juzgado Penal a cargo del Juez Raele y un Juzgado en lo Contencioso Administrativo, de igual jerarquía, a cargo del Juez Arias, acaten solamente las órdenes judiciales represivas desconociendo las decisiones adoptadas por el Juez Arias, la que había prohibido la actuación policial en el conflicto.
En función de lo expuesto y de las irregularidades de las autoridades judiciales penales intervinientes, propiciamos se evalué la posibilidad de impulsar un jury de enjuiciamiento.
Asimismo, denunciamos la inconstitucionalidad y solicitamos la urgente derogación del artículo 231 bis del código procesal penal que ha permitido sistemáticamente los abusos policiales que han dado lugar a desalojos de familias que reclaman por su derecho a una vivienda digna. La vigencia de este articulo viola las debidas garantías constitucionales como el derecho de defensa, de legalidad, de juez natural y también el derecho de propiedad.
Finalmente, solicitamos el pronto tratamiento del proyecto de ley de Expropiación 102.1516 presentado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación el predio objeto del conflicto, para ser destinados a un plan de vivienda social.
Lic. Juan Gabriel Mariotto Vicegobernador de La Provincia de Buenos Aires – Guido Carlotto Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires - Emilio López Muntaner- Gustavo Oliva Senadores Provinciales – Guastavo Di Marzio Diputado Provincial - Florencia Saintout- Guillermo Cara – Sebastián Tangorra- Ludmila Kostiuk Concejales del Bloque Frente para la Victoria – PJ Nacional y Popular, siguen las firmas.
Adhieren:
Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)
Comisión por la Memoria
Colectivo de Investigación y Acción Judicial (CIAJ)
Centro Cultural Salamanca
Julián Axat (Abogado “Hijos”)
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