El país se encuentra a un paso de salir de la lista gris del GAFI y las acciones contra el lavado de dinero arrojan cifras significativas: desde la Fiscalía General de la Nación anunciaron que avanzan sobre 96 denuncias por delitos económicos y se trabaron embargos por cifras superiores a los 500 millones de pesos
El país fue retirado del listado de naciones con “seguimiento intensivo” de operaciones financieras del GAFI. Aprovechando el impulso positivo de esta noticia, donde en el último plenario del GAFI se anunció que una comitiva de técnicos visitará la Argentina en los próximos meses para concluir el análisis sobre los avances en materia legal y administrativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los índices de la lucha contra el lavado de dinero salen a la luz y se intensifican los caminos para combatirlo.
“En el contexto de la avanzada de los fondos buitre contra nuestro país, esta decisión suma confianza en los ámbitos donde se discuten las finanzas globales”, declaró el fiscal general y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), explicó Carlos Gonella.
En una extensa charla sobre el recorrido de la Argentina en materia de procedimientos para perseguir los delitos económicos, Gonella explicó que en la actualidad desde la creación de la Procuraduría en 2012 se presentaron 96 denuncias –dentro de las cuales el 50 por ciento pertenece al lavado de activos– y el monto aproximado relativo al pedido de embargo ronda los 474 millones de pesos, entre los que se encuentran embargos de automóviles, inmuebles, cuentas bancarias, entre otras.
También se avanzó con pedidos de inhibición general de bienes, intervención judicial de personas jurídicas, y más de 316 investigaciones patrimoniales postulados.
Otra de las cifras que habla sobre el avance que se está logrando en materia de persecución de este tipo de delitos se ve reflejada en un total superior a los 25 millones de pesos secuestrados, entre los que están comprendidos el dinero de las cuevas allanadas “y procedimiento llevados a cabo, no sólo en la city porteña sino que hace poco en el norte hicimos allanamientos en una casa de cambio que efectuaba operaciones marginales de divisas; también hicimos este tipo de procedimientos en Mendoza”.
En lo que refiere puntualmente a las causas e investigaciones por lavado de dinero, desde Procelac avanzan con 47 denuncias y seguimientos para descubrir las llamadas rutas del dinero.
El decomiso anticipado
“En lo que refiere al sistema de decomiso estamos atravesando por un momento de debate intenso. En la Argentina el sistema vigente está regulado por el artículo 23 del Código Penal y se prevé el decomiso de bienes. De acuerdo con las últimas modificaciones del Código en materia de delitos económicos, siguiendo los lineamientos del GAFI, se incorpora la figura del decomiso anticipado”, señala Gonella advirtiendo que se trata de la posibilidad de confiscar los bienes antes de que llegue una sentencia condenatoria, y esto “es una herramienta fundamental para el combate de la criminalidad económica”.
A nivel mundial existe un amplio consenso en que el derecho penal no es suficiente para combatir al crimen organizado, sino que es imprescindible atacar también el núcleo económico de estas organizaciones. Eso es lo que se busca con el decomiso de los bienes: cuando se demuestra que una suma de dinero o cualquier otro bien está vinculado con una actividad criminal (por ejemplo las ganancias obtenidas), el Estado adquiere su propiedad de manera definitiva. En este contexto, en la actualidad circulan tanto en Diputados como en Senadores proyectos de ley para avanzar sobre el núcleo económico de las organizaciones delictivas.
Un punto de debate se abre en torno del destino de estos fondos: “Hoy por hoy la ley sobre los bienes decomisados dice que tienen que ser administrados en beneficio del bien común. Pero de acuerdo con el sistema que nos rige es el Poder Judicial el que absorbe la totalidad de los bienes decomisados, y por una acordada de la Corte Suprema se considera parte del presupuesto del Poder Judicial”, explica el fiscal. En torno del reclamo de algunas organizaciones no gubernamentales que piden que esos bienes decomisados sean reintegrados a la sociedad –por ejemplo para invertir en hospitales–, Gonella explica que esta decisión es discrecional del juez.
“Opino que al recuperar un bien proveniente de la criminalidad económica sería muy bueno que eso vuelva a la sociedad, pero para esto habría que avanzar sobre un sistema que administre esos bienes de forma transparente y eficiente y no que eso sea reservado a la discrecionalidad de un poder, como en nuestro caso el Poder Judicial”.
En la Argentina, el decomiso se encuentra regulado como una pena. Esto significa que sólo puede aplicarse cuando exista una condena. En casos complejos, donde las causas pueden tramitarse durante años, esto representa un verdadero problema y tiende a la ineficiencia. “En Colombia, en Guatemala y en Italia existe ya la experiencia de la extinción del dominio, y opino que se trata de un instrumento muy eficaz para el combate de la criminalidad económica”, señala Gonella al tiempo que amplía los alcances del proyecto y advierte que “la iniciativa presentada tiene que ver con la extinción de dominio de bienes generados por el narcotráfico, y nosotros creemos que el horizonte debería ampliarse y comprender la criminalidad organizada en general”.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal creó este año una unidad especializada en recupero de activos que avanza con el foco de que cuando existen sentencias condenatorias y escenas de decomiso, esta unidad ejecuta la sentencia para recuperar los bienes. “Pero hay que sentarse, modificar el sistema para que no sea sólo el Poder Judicial quien maneje esos bienes. Por ejemplo, en el nuevo régimen procesal penal de Santa Fe, se prevé que lo que recupere las fiscalías va a ir destinado al presupuesto del Ministerio Público. En mi opinión debería existir un organismo que se encargue de darle un tratamiento transparente de utilidad pública”, advierte Gonella. En este escenario menciona el caso IBM-Banco Nación, donde existe ya una sentencia condenatoria y el dinero se encuentra depositado en una cuenta a la espera de ser recuperado.
Lavado de dinero
“Hemos dado pasos muy importantes para tener la oportunidad de salir de la lista gris. Van a venir técnicos en septiembre a controlar el funcionamiento de nuestro sistema, van a ver el tema de los decomisos, van a analizar las causas por lavado, se reunirán con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores, con el Ministerio Público”, indica.
Consultado sobre los pasos alcanzados por la Argentina para mejorar su posicionamiento ante el GAFI, Gonella advirtió que “se trata del país que más rápido logró salir adelante: en 2009 tuvo una visita con una evaluación lapidaria porque no teníamos regulado el delito de lavado de activos, no se contemplaba la figura del autolavado, ni la del decomiso anticipado, tampoco se regulaba el delito de financiamiento del terrorismo, ni teníamos buenas sanciones”. Hoy, el panorama varió por la aplicación de un plan de acción con 50º puntos estratégicos para fortalecer el accionar contra los delitos económicos.
“Hoy tenemos un sistema que funciona de manera consistente porque ya tenemos jurisprudencia y decisiones de los tribunales de congelamiento de cuentas de terrorismo de Estado, vinculado a juicios de lesa humanidad. Se modificó el sistema de sanciones: se elevó el tope de las multas, de manera que estamos en condiciones de recibir la visita del GAFI”, indica Gonella.
Advierte asimismo que en un momento donde la Argentina se ve atravesada por el tema de los fondos buitres, “esto le da credibilidad a la Argentina porque ha demostrado estar en los estándares más altos del mundo en torno del combate del lavado de activos.
En lo que respecta al paso de las causas de lavado en la Justicia, se espera para fin de este año –dado el grado de avance de los casos– “se obtengan nuevas condenas”; asimismo, Gonella adelantó que hay al menos 200 casos de lavado que se encuentran en plena investigación y 20 que ya están elevados a juicio.
El seguimiento del GAFI sobre el país
“Argentina ha avanzado lo suficiente en la aplicación de los requisitos técnicos de la Core (las principales recomendaciones) y se ha eliminado del proceso de seguimiento.” La frase corresponde al 11° Reporte de Seguimiento de Evaluación Mutua de la Argentina, publicado en el sitio web del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), difundido luego del último plenario del organismo realizado en París. Además, en los próximos meses un grupo de trabajo del GAFI (el ICRG) realizará una visita “in situ” para corroborar los avances documentados en el proceso de cumplimiento del plan de acción, algo que había sido solicitado por la Argentina en la reunión de octubre de 2013.
En 2011, la Argentina había consensuado un plan de acción que preveía reformas en materia legislativa y la adecuación del sistema administrativo. En ese sentido, se reformó el tipo penal de lavado de activos incluyendo la figura del “autolavado” –antes impune– y se consagró la responsabilidad de la persona jurídica para ese delito. Además, se legislaron penas para la financiación de terrorismo y se reguló la figura del decomiso anticipado.
En junio de 2011, el Congreso de la Nación aprobó la incorporación de la figura de lavado al Código Penal. El artículo 303 prevé penas de hasta diez años para quien reciba “bienes provenientes de un ilícito penal” para ingresarlos en el circuito legal. Además, se establecieron penas para quienes financien actividades terroristas.
La procuradora general de la Nación creó la Procelac a través de la resolución 914/12 con el objetivo de honrar los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la criminalidad económica organizada. Durante 2013, el organismo encabezado por el fiscal general Carlos Gonella colaboró con fiscalías de todo el país en 161 casos, presentó 95 denuncias por delitos económicos, 47 de las cuales son por el delito de lavado de activos, y solicitó embargos por cifras superiores a los 500 millones de pesos.
Cabe destacar que en 2009 el GAFI había hecho una evaluación sobra la Argentina y encontró que de las 49 recomendaciones internacionales del organismo, la Argentina sólo cumplía correctamente con 2. Ante esa situación, incluyó a la Argentina en un listado de países con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero y lo sometió además al seguimiento intensivo ante el Plenario.
Sabrina Santopinto Directora PuntoJus.com
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