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martes, 5 de noviembre de 2013

Pinamar: La trama secreta del escándalo por los concejales imputados por falsificar destitución de Altieri

Sin paz. Así está Pinamar, la ciudad de la “rosca” veraniega por excelencia. Cuando parecía que la situación política se estabilizaba y los diferentes actores se acomodaban para aprovechar la temporada estival, el escándalo por el procesamiento de cinco concejales cayó como un baldazo de agua fría en el distrito. En el centro: la destitución de Blas Altieri, que podría regresar a sus funciones si se determina que el proceso de su destitución fue ilegal.

La Justicia llamó a declarar a cinco concejales de Pinamar y al secretario de Turismo acusados de “falsedad ideológica de instrumento público” por haber fraguado el acta de la Comisión Investigadora que en julio de 2012 destituyó al intendente Altieri.

En el marco de una investigación penal preparatoria iniciada por el actual intendente interino, Hernán Muriale, el fiscalJuan Pablo Calderón notificó a los concejales Rosana Di Pascuale y Roberto Porretti, del PJ; Fernando Ávila,Gabriel Vidauli y Mercedes “Chucky” Taurizano, de la UCR, y al ex concejal Alfredo Baldini, también del peronismo y hoy a cargo de la Secretaría de Turismo, a que presten declaración los días 13 y 14 de noviembre.

Además, pidió al presidente del Concejo Deliberante, Alberto Germain, que remita una copia certificada de la totalidad de las actuaciones labradas por la Comisión Investigadora. Los concejales están acusados de haber falsificado firmas del acta de la Comisión Investigadora que el año pasado acusó a Altieri por irregulares en su gestión.

Altieri fue destituido en julio de 2012 luego de que el Concejo Deliberante lo encontrara culpable de 31 cargos por irregularidades. Entre otras imputaciones, se le objetó la entrega de viviendas sociales a familiares, amigos y a dos de sus tres hijas; la contratación de una empresa de un socio para la ampliación del hospital local y la venta de terrenos fiscales a través de su propia inmobiliaria.

Pero la denuncia impulsada por el oficialismo pinamarense sostiene que varios de los firmantes no se encontraban presentes a la hora de su suscripción, así como también que no fue elaborada en la locación física que figura en el documento, esto es, en el Concejo Deliberante.

Detalles
En el “Acta 13” consta que el 15 de junio de 2012, a las 15, los concejales Porretti, Di Pascuale, Vidauli, Taurizano, Ávila y Baldini afirman haber constituido el “quórum necesario para sesionar” y, luego de un cuarto intermedio hasta las 19.30, trataron el “Informe Final de la Comisión Investigadora” que debía dar cuenta del accionar de Altieri y en virtud de los cuales “acuerdan darlo por leído y proceden a someter el mismo a votación para su aprobación”.

Pero tanto Muriale como Altieri sostienen que ese día no hubo sesión, por lo cual piden la nulidad absoluta de lo actuado y apuntan contra los ediles opositores.
“Existe un cuadro de sospecha que indicaría (…) que los mencionados concejales no se reunieron en el lugar y la hora señalada”, afirman, y van más allá: “No se habría realizado reunión y sesión alguna en el HCD”, por lo cual no habría existido el “número suficiente para sesionar”.

La historia oculta
En el altierismo tienen la información bien clara respecto de lo que pasó ese fatídico 15 de junio. Según pudo saber NOVA, la Comisión Investigadora se reunió ese día, en forma secreta, en el Hotel Libertador, propiedad de Alfredo Baldini, funcionario y empresario de la hotelería local. Además de los concejales imputados, del mitín participaron los abogados Lucas Ventoso y Leandro Nimo.

Ventoso, concejal electo por la UCR y actual asesor de ese bloque en el Concejo, es apuntado de hecho como el “instigador” de la “asociación ilícita” que impulsó la destitución de Altieri. La primer irregularidad fue que no se reunieron el Concejo Deliberante, como establece la ley, sino en el mencionado hotel. Ese día, de hecho, el cuerpo deliberativo local permaneció cerrado.

Los participantes sacaron “cuentas” y se dieron cuenta que el plazo para elevar el informe final y destituir al intendente vencía ese mismo día. No tenían quórum porque faltaba la firma de una concejala, Mercedes Taurizano. Según pudo reconstruir este portal, Ventoso propuso “truchar” la firma de “Ckucky”, escudado en su condición de abogado.

“No pasa nada, no podemos correr riesgo de que se nos caiga todo”, los habría conminado Ventoso, de activa militancia opositora en el distrito. A lo que Nimo habría respondido: “No jodan, es un tema serio y no lo aconsejo de ninguna manera, tenemos que hacer la sesión como corresponde”. Primó la proclama de Ventoso, y la Comisión Investigadora avanzó con el acta falsa.

El agravante en el caso es que si la Justicia desestima los 36 puntos del acta administrativa contra Altieri debería también desconocer el Presupuesto 2012 aprobado por los ediles en ausencia del intendente removido. Por lo pronto, los cinco concejales y el funcionario deberán comparecer el 13 de noviembre para pericias caligráficas sobre sus firmas, con el fin de que se determine si suscribieron el acta cuestionada.

Pero también hay expectativas en el altierismo sobre la decisión que la Justicia tomará respecto de Lucas Ventoso, señalado como el “instigador” de la operatoria y responsable como tal de la “asociación ilícita”. No se descarta que Altieri pueda regresar a completar su mandato hasta 2015.

“Esta es una causa penal que se inició hace más de un año y tiene que ver con la adulteración o falsificación de un acta que elabora la Comisión Investigadora y que es el informe final que provoca la destitución del Intendente”, sostuvo Roberto Baena, director de Administración municipal y abogado patrocinante de Altieri.

“El altierismo toma más fuerza que nunca”, se entusiasman ante NOVA desde el entorno del intendente destituido, y adelantan además una "catarata" de presentaciones por calumnias e injurias.
Por último, Roberto Porretti deberá enfrentar otro proceso: el 29 de noviembre comenzará el juicio oral por su destitución de la jefatura comunal en 2008, acusado también de diversas irregularidades en la gestión pública luego del escándalo por un pedido de coimas. (NOVA)

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