La mala alimentación se ha convertido en un hábito incrustado en la cotidianeidad de los mexicanos. Por eso rige un incremento de impuestos, restricción a los avisos publicitarios y un intento de cambiar la cultura de consumo alimentario. El Gobierno ha puntualizado que su plan no espera resolver el problema a corto plazo, sino contenerlo. Otros piensan que el único afán de la Administración es recaudar más dinero. De fondo, está el principal nudo que México deberá desatar con los años: el enganche a los malos alimentos de una sociedad sedentaria y con amplias capas de pobreza.El Gobierno de México lanzó un plan nacional contra la obesidad y la diabetes. Contempla medidas como gravar con 1 peso cada litro de bebida azucarada, imponer un impuesto extra del 8% a la comida chatarra, limitar los horarios permitidos para publicitar esos productos en la televisión y prohibir que se vendan en las escuelas.
Se trata de elevar el precio de bebidas y comidas que se consideran perniciosas para desalentar su consumo y, si la regla de tres funciona, atenuar la crisis de salud.
México es el mayor consumidor de bebidas azucaradas del mundo. Una media de 163 litros por persona cada año. Los refrescos y la comida chatarra, los alimentos procesados, son elementos clave en una cadena de problemas de salud vinculados a dietas hipercalóricas que se traducen en cifras de epidemia.
Un 71,3% de los adultos tiene sobrepeso o está obeso, porcentaje que entre las niñas y los niños entre cinco y 11 años es del 32 y el 37% respectivamente. Unos 80.000 mexicanos murieron en 2012 por culpa de la diabetes. 3 de cada 4 camas de hospitales públicos está ocupadas por pacientes con enfermedades relacionadas con estos problemas. Cada año el sistema de sanidad se gasta US$60.000 millones en esas patologías.
Según estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, solo con la medida de gravar con 1 peso cada litro de refresco se reducirá su consumo en unos 20 litros anuales por habitante –con respecto a los 163 actuales– y de cara a 2030 se darían medio millón menos de casos de diabetes. El Instituto ambicionaba más, pues propuso al Ejecutivo que el gravamen a las bebidas azucaradas fuese el doble, dos pesos por litro, pero el Gobierno lo dejó en uno. Aún así, la industria de los refrescos ha puesto el grito en el cielo por esta innovación impositiva.
El epidemiólogo Enrique Goldberg considera que la batalla contra la obesidad y la diabetes es una “emergencia nacional”, pero no confía en el rumbo que acaba de poner el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para él estos planes son “un disfraz de medidas impositivas a las que quieren darle un cariz moral”. Goldberg echa en falta un proyecto educativo ambicioso a largo plazo que haga de las escuelas, las familias y los medios de comunicación una red de promoción de los buenos hábitos. Critica, por ejemplo, el olvido de la gimnasia en las escuelas –“En este país hasta los profesores de educación física están gordos”– y el confinamiento de los niños al interior del hogar por razón del miedo a la inseguridad en las calles. Y recuerda que el problema de la alimentación en México es una cuerda con dos cabos: “Obesidad y desnutrición”.
La idea del Gobierno, aparte de desalentar el consumo de alimentos poco nutritivos, es invertir la mayoría de los impuestos recaudados en políticas saludables. Según la senadora Marcela Torres Peimbert, que ha trabajado a favor de este proyecto, quitando un 20% de ingresos que deben ser derivados a los Estados un 80% de lo recaudado (se estiman en más de US$700 millones anuales) se dedicará a mejorar el acceso al agua potable en las comunidades rurales (donde la pobreza se combina con un consumo desaforado de refrescos), a programas de prevención y a instalar bebederos de agua en las escuelas, un detalle que parece anecdótico pero que indica la falta de cultura de la salud que aqueja a México.
Alejandro Calvillo, de la asociación Poder del Consumidor, recalca que en las escuelas ha existido hasta el momento una falta de regulación total en lo que toca al cuidado de la buena alimentación. Él celebra que ahora se prohíban en los colegios las máquinas expendedoras de refrescos y de comida chatarra, y todavía más que se vaya a poner fuentes para que los alumnos puedan beber agua gratis. “Los niños están horas y horas cada día cautivos en un espacio en el que no tienen acceso a agua para hidratarse”. Calvillo cree que la lucha contra los refrescos es crucial. Se pregunta cómo es posible que en el mercado nacional haya bebidas azucaradas más baratas que el agua embotellada, y afirma que ningún otro producto de la dieta de los mexicanos representa “la ingesta de calorías vacías” que representan los refrescos.
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