Crece el escándalo
En momentos en que se vuelve a hablar de su salida del Ministerio de Justicia y Seguridad para ocupar el cargo de fiscal de Estado, Ricardo Casal volvió a quedar en el centro de la polémica. Es que el gobernador Daniel Scioli fue denunciado por una supuesta operación de "fraude al Estado" en la que estaría involucrado el estudio de abogados "Caporal, Citara y Casal", relacionado con el funcionario.
Como ya publicó NOVA, se trata de la denuncia presentada por el abogad Luis Caro, del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, por la presunta adquisición ilícita por parte de la Provincia de la firma Ignacio F Wasserman SA, concursada en 2003 y sin disposición de sus bienes.
La presentación fue hecha ante la Fiscalía N° 8 de La Plata, y el juez que entiende en la causa es César Melazzo. Caro denunció al gobernador Scioli por los delitos de fraude al Estado provincial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia de Buenos Aires, debido a la expropiación de una empresa que había sido recuperada por sus trabajadores.
El letrado denuncia la ilegalidad de la expropiación de la empresa Ignacio F. Wasserman SA por 101 millones de pesos, un delito por el cual también fueron acusados el ex ministro de Producción Martín Ferré -actual titular de la cartera de Desarrollo Social-, el ex fiscal de Estado Ricardo Szelagowski; el subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Della Croce, las autoridades de de la empresa y los responsables del estudio de abogados "Caporal, Citara y Casal".
La compañía es una planta metalúrgica que en 2001 entró en crisis financiera y fue recuperada por sus trabajadores. Caro asegura que se pagaron 101 millones de pesos por la compra venta a pesar de que la fábrica estaba valuada en 26 millones, de acuerdo a la operación realizada por la Fiscalía de Estado.
"El Estado provincial, desde la primera ley de expropiación, en agosto de 2000, no había pagado en ningún caso. Tanto la Fiscalía como el Estado provincial adujeron permanentemente falta de presupuesto, por lo cual abandonaban las leyes", expresó.
"Se tomaron todos los criterios de la empresa, con la particularidad de que, de esos 101 millones de pesos, 25 millones se repartieron para estudios jurídicos que tienen relación con ex funcionarios bonaerenses".
El letrado resaltó que ya fueron transferidos los 101 millones, a pesar de que el gobierno provincial "no tiene a la fecha la transferencia de dominio" de la empresa.
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| La polémica envuelve al ministro en el momento más inoportuno. |
Como ya publicó NOVA, se trata de la denuncia presentada por el abogad Luis Caro, del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, por la presunta adquisición ilícita por parte de la Provincia de la firma Ignacio F Wasserman SA, concursada en 2003 y sin disposición de sus bienes.
La presentación fue hecha ante la Fiscalía N° 8 de La Plata, y el juez que entiende en la causa es César Melazzo. Caro denunció al gobernador Scioli por los delitos de fraude al Estado provincial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia de Buenos Aires, debido a la expropiación de una empresa que había sido recuperada por sus trabajadores.
El letrado denuncia la ilegalidad de la expropiación de la empresa Ignacio F. Wasserman SA por 101 millones de pesos, un delito por el cual también fueron acusados el ex ministro de Producción Martín Ferré -actual titular de la cartera de Desarrollo Social-, el ex fiscal de Estado Ricardo Szelagowski; el subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Della Croce, las autoridades de de la empresa y los responsables del estudio de abogados "Caporal, Citara y Casal".
La compañía es una planta metalúrgica que en 2001 entró en crisis financiera y fue recuperada por sus trabajadores. Caro asegura que se pagaron 101 millones de pesos por la compra venta a pesar de que la fábrica estaba valuada en 26 millones, de acuerdo a la operación realizada por la Fiscalía de Estado.
"El Estado provincial, desde la primera ley de expropiación, en agosto de 2000, no había pagado en ningún caso. Tanto la Fiscalía como el Estado provincial adujeron permanentemente falta de presupuesto, por lo cual abandonaban las leyes", expresó.
"Se tomaron todos los criterios de la empresa, con la particularidad de que, de esos 101 millones de pesos, 25 millones se repartieron para estudios jurídicos que tienen relación con ex funcionarios bonaerenses".
El letrado resaltó que ya fueron transferidos los 101 millones, a pesar de que el gobierno provincial "no tiene a la fecha la transferencia de dominio" de la empresa.
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