El caso de incumplimiento de medidas judiciales de un alto funcionario del Servicio Penitenciario

El caso de incumplimiento de medidas judiciales de uno de sus altos funcionarios golpea en el seno de la
institución  y vuelve a poner la cuestión de género en el centro de la escena, como este portal publicó días atrás. Se trata de la medida cautelar que pesa sobre el jefe de 

sumarios de la Unidad 9 del SPB, quien fue llevado a la Justicia por resistirse a pagar las cuotas del colegio al que asisten sus dos hijas, de 9 y 5 años, pese a la orden judicial que así lo dispone.

Según pudo saber NOVA en exclusiva, el Juzgado de Familia N° 6, a cargo de María del Rosario Roca, ordenó el embargo de los bienes del funcionario para pagar las cuotas del colegio, disposición que ingresó en oficio el 28 de diciembre pasado.

“Se trata de un padre incumplidor, que se ve favorecido por la burocracia o la defensa corporativa que se realiza dentro del SPB”, señalaron fuentes judiciales consultadas por este portal. De no cumplir con las medidas de la Justicia, las hijas del denunciado podrían verse impedidas de empezar el ciclo lectivo en una semana.

Es que, a una semana de empezar las clases, el SPB no depositó ni hizo efectivo el embargo, con la consecuencia de que las menores podrían quedarse sin banco en el colegio. Tanto el funcionario como su abogado se niegan; incluso le contestaron a la madre que “pida todo en el expediente” porque ellos “no van a hacer ninguna gestión”.
De no solucionarse, este caso de índole privada podría impactar de lleno en la nueva administración del SPB a cargo de Piermarini, una mujer de confianza del subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, quien a su vez responde al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal