RESPUESTA A RODRÍGUEZ LARRETA Y SANTILLI LA VIOLACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Dirigentes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires concretaron hoy un nuevo corte en la intersección de la Avenida Corrientes y la calle Florida ante la proliferación de la venta ilegal en todo el territorio porteño. Nunca el espacio público de la Ciudad estuvo tan invadido por la venta clandestina como ahora. Para tener una idea: hace dos años había 1.000 vendedores ilegales en las calles y en la actualidad se registran 3.784. Al mismo tiempo, se reportan 48 mercados informales denominados “saladitas” en los que funcionan 2.754 locales. El gobierno de la Ciudad tiene todas las herramientas legales para combatir el avance de la venta ilegal. Cuenta con un instrumento legítimo y poderoso como es la Ley 451 que reglamenta el régimen de faltas. El Código de Faltas lo prevé expresamente en el punto 4.1.2 VENTA EN LA VÍA PÚBLICA SIN AUTORIZACIÓN. El/la que venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada, es sancionado/a con multa de pesos $50 a $1.000 y decomiso de los productos. Cuando se trate de una empresa u organización la sanción constituye una multa de $200 a $10.000 y decomiso de las mercaderías y/o inhabilitación. La calle Florida está invadida de manteros. En días picos llegan a instalarse 700 vendedores en sólo diez cuadras. Retiro es una réplica de La Salada, donde se venden remeras, jeans, buzos e Indumentaria de primeras marcas pero a un cuarto del valor de lo que se venden en el comercio. La Costanera Norte y Sur están colmadas de carritos sin controles sanitarios que venden alimentos al público. Estos carritos se han extendido a muchas plazas y espacios verdes de la Ciudad, como se pueden ver en el planetario, en los bosques de Palermo y en diversos barrios de Buenos Aires. En zonas como Once está plagado de manteros y saladitas vendiendo indumentaria, relojería y productos electrónicos que ingresan de contrabando a la Argentina. La presencia clandestina se triplicó en sólo cuatro meses y en 2011 habrán facturado más de $2.500 millones. Lo que resta es la decisión política de resolver el problema y el entendimiento del rol que cumple el espacio público como imagen e identidad de una Ciudad. Recientemente el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo (PRO), presentó un proyecto para instalar explotaciones gastronómicas en distintos parques y plazas. Impulsos como ése, posiblemente demuestran que el concepto de espacio público que tienen algunos funcionarios está distorsionado y no condice con el equilibrio urbano. Mientras tanto, en la medida que los controles sean insuficientes y las leyes precarias, la venta ilegal seguirá creciendo en Buenos Aires y volviéndose cada vez más difícil de desarticular. La solución es simple. Sólo hace falta pasar de las palabras a la acción.